27/11/2012

Argentina

Clarín denunció a periodistas para que fuesen encarcelados

A días del 7D el Grupo Clarín asombra con ciertas estrategias que se prestan a más de un análisis. Por María José Sánchez.

A pocos días del famoso siete de diciembre, fecha tope que dio la Justicia argentina para que aquellos que no estén adecuados a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo hagan, el Grupo Clarín asombra con ciertas estrategias que se prestan a más de un análisis.
 
Esta vez, armó una gran denuncia penal por “incitación a la violencia y coacción agravada” donde acusa a funcionarios nacionales, legisladores, agrupaciones sociales y políticas e, incluso, periodistas.
Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín
 
Esta acción judicial del multimedios ha despertado las críticas de un amplio sector, inclusive de periodistas y trabajadores del mismo Grupo Clarín. Así también se manifestaron políticos, dirigentes sociales y comunicadores que repudiaron este intento desmedido de cercenar la libertad de expresión.
 
La presentación acusa, entre otros, a los periodistas Sandra Russo, panelista del programa de la TV Pública 678 y columnista del diario Página/12, a Roberto Cavallero, fundador del diario Tiempo Argentino y a Javier Vicente, relator de Fútbol Para Todos, por desempeñar “el rol de principales propaladores del mensaje gubernamental contra el Grupo Clarín”, -explicita la denuncia- junto a legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.
 
Luego de esta evidente afrenta a la libertad de prensa, y, sobre todo, después del repudio generalizado que generó y que aun tiene ecos en los medios de comunicación, el abogado del holding empresario, Hugo Wortman Jofre, intentó salir públicamente a desmentir el propio texto de la denuncia que presentó, cosa que pone en manifiesto el grado de desesperación con que se está manejando ese holding empresarial, donde esta próxima fecha fijada por la justicia está obrando en ellos de manera manifiesta, y los hace dar manotazos de ahogado que sólo los perjudica. En ese sentido, dijo que “Todas las personas mencionadas ahí (por la denuncia), lo que se está proponiendo es que vayan a la Justicia a dar la información que tienen”, cosa que resulta peor, porque sostiene que los periodistas deben informar, notificar y exponer sus opiniones y fuentes, algo que remite a las peores épocas y las peores prácticas. Más allá de eso, la demanda, en realidad, ni siquiera hace ese tipo de puntualizaciones. De hecho, coloca a los periodistas como “principales 
Mapa de los medios del Grupo Clarín
propaladores” de, en teoría, las ideas del Gobierno, y el propio escrito presentado explica que promueve “la presente denuncia contra quienes con el claro objeto de perjudicar al Grupo Clarín y sus directivos, incitan a la violencia colectiva”.
 
Además de Russo, Cavallero y Vicente, el texto denuncia al Ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini; el diputado nacional Edgardo Depetri; el legislador porteño y nieto recuperado Juan Cabandié; y al titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, quien, por su parte, afirmó que “Ahora dicen que no hicieron lo que en verdad hicieron, como muchas veces dicen que alguien dijo lo que nunca dijo, pero lo cierto es que la denuncia para meter presos a periodistas fue hecha”.
 
La realidad y el propio texto de la denuncia no sólo desmienten al abogado del multimedios, sino que deja tan transparente como el agua clara que el Grupo Clarín, al presentar esta denuncia penal por incitación a la violencia colectiva y coacción agravada, quiere que los denunciados vayan presos, literalmente, pues estas figuras prevén penas de hasta seis y diez años de cárcel, respectivamente. Y aunque este martes presenten la rectificatoria que anunciaron para que los periodistas sólo sean convocados a declarar como testigos y no como imputados, su propio accionar ya los ha dejado en evidencia.
 
La ley es una, y así debe serlo para todos, guste a quien guste, pese a quien pese. La persecución macartista, la caza de brujas, la denuncia y el apriete, son prácticas repudiables, vengan de quien vengan, pero si provienen de un Grupo mediático que se llena la boca y asume un increíble rol de víctima en todos sus canales de televisión y radios, e incluso en su conocido diario, -aunque éste no está sujeto a la ley de Medios pues es sólo audiovisual- diciendo que son ellos los perseguidos y estigmatizados, mientras sale a cazar periodistas que no se ajustan a su línea editorial, entonces, estamos frente a un acto antidemocrático y sumamente cínico. Actitudes que, esperamos, tienen próxima fecha de vencimiento.
 
Por María José Sánchez, para El Diario Fenix


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