El gobierno aprobó el protocolo para controlar la protesta social

Tras la sesión del Consejo de Seguridad Interior que reunió a las autoridades nacionales con los ministros del área de cada provincia en Bariloche, ste martes se aprobó el protocolo para controlar las manifestaciones públicas en línea con el propósito del Gobierno de controlar y, llegado el caso, reprimir las manifestaciones socialaes en nombre de la libre circulación.

El protocolo, que según la funcionaria busca "establecer un nuevo paradigma, que genere cierto orden en la sociedad", recibió el acompañamiento del 80% de las provincias. Así lo informó la cartera de Seguridad, que no identificó cuáles se opusieron.

"El gobierno del presidente Mauricio Macri no quiere que, durante los próximos cuatro años, las calles sigan siendo un lugar diario y permanente de problemas", indicó la ministra Patricia Bullrich al término del encuentro. "No vamos a permitir que la calle sea un caos. Queremos cambiar la cultura del corte", añadió.

La normativa establece un conjunto de puntos para guiar el accionar de las fuerzas federales y distritales para esos casos. Para ello, aclara que cada provincia y la ciudad de Buenos Aires deberá "adecuar el protocolo a sus características, sus códigos contravencionales, sus códigos de procedimiento y establecerán el momento para dar intervención a la Justicia en virtud de las facultades no delegadas de las provincias garantizadas por la Constitución Nacional".

Distingue entre manifestaciones espontáneas y programadas. Para las segundas, indica que, una vez notificados, los ministerios de Seguridad de cada área tomarán contacto con los líderes de la manifestación, a fin de que se encauce la misma en el marco del presente Protocolo y las leyes vigentes. Se coordinaran las mismas de acuerdo a las características para establecer su recorrido, tiempo de duración y realización, dando aviso a la Justicia", precisó.

Tras resaltar que las fuerzas deberán actuar conforme a los límites que les impone la ley, remarcó que es un deber "garantizar la libre circulación de personas y bienes disponiendo con criterio objetivo la táctica a utilizar, con atención preferencial de personas que requieran una protección especial de sus derechos, tales como niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad".

Una vez en conocimiento de una manifestación pública, las fuerzas del orden se comunicarán de manera inmediata con el Ministerio de Seguridad pertinente. Entonces "se establecerá un espacio de negociación para que cese el corte y se dará aviso a la Justicia".

Independientemente del resultado de esa negociación, "el Jefe del Operativo de Seguridad impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, deberán retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación". Deberá advertir, además, que "ante el incumplimiento de dicha instrucción, se encontrarán incursos en el artículo 194 del Código Penal, y en su caso, en las contravenciones previstas en cada jurisdicción".

"Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de procedimiento Penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación", precisa el texto.

Una vez levantado el corte, los funcionarios designados por el ministerio interviniente informarán a las autoridades que corresponda para "establecer una instancia de negociación con el líder o representante del grupo de manifestantes, a los fines de canalizar sus reclamos a las áreas que correspondan". (infobae.com)