En el 2008 Macri intento que Buenos Aires se convierta en un paraiso para las sociedades offshore

En el año 2008, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri intentó imponer una ley para que la Capital Federal pase a ser una suerte de paraíso fiscal. Así lo revela el periodista Ari Lijalad, quien detalló además que fue Alejandra Gils Carbó, por entonces Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, quien detuvo la iniciativa.

"El proyecto de convertir a Buenos Aires en un lugar amigable para las sociedades extranjeras se plasmó en la ley 2.875, sancionada por la legislatura porteña el 9 de octubre de 2008", explicó Lijalad en una investigación publicada en el sitio Artepolítica.

Esta ley creaba un organismo que tendría entre sus competencias la “fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Sin embargo, el 2 de febrero de 2009, Gils Carbó presentó una medida cautelar debido a que esta ley infringía varias normas. “En la medida en que rijan en los registros locales diferentes políticas sobre el control y fiscalización de las sociedades extranjeras offshore, ello permite la creación de ‘paraísos societarios’ en nuestro país, en beneficio de un sector privilegiado de la sociedad y con grave daño al resto de la comunidad”, aseguró Gils Carbó.

Según Gils Carbó, era "una práctica tolerada que un sector privilegiado de ciudadanos argentinos ocultara sus ganancias y sus bienes de la acción del fisco, de los derechos del cónyuge, de los trabajadores y de los acreedores por cualquier otra causa, registrando sus propiedades a nombre de una sociedad extranjera offshore. También es el sistema que se utiliza para esconder el producido de actividades ilegales y delictivas provenientes de la corrupción pública y privada."

Asimismo, la entonces Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial denunció que "esta clase de sociedades pantalla permite ocultar al verdadero titular del patrimonio gracias a un régimen de confidencialidad ofrecido por los centros offshore”.

Además, la fiscal aseguró que esta ley de Macri permitía que “los grandes evasores podrán acudir al nuevo registro societario simplificado para eludir el Registro de Actos Aislados de Sociedades Constituidas en el Extranjero y otras reglamentaciones que dictó la Inspección General de Justicia nacional en defensa de la equidad fiscal, la transparencia y los derechos de terceros”.

“La creación de un registro local paralelo y simplificado no permite un control eficaz del fraude societario y, menos aún, del fraude cometido a través de la utilización de sociedades extranjeras offshore. Ello beneficia directamente la actividad de los paraísos fiscales obstruyendo cualquier planificación fiscal basada en la equidad, además, protege las actividades delictivas", finalizó la ahora Procuradora General de la Nación, fuertemente criticada por Macri quien reiteradas veces pidió que deje su cargo. (politicargentina.com)