23/04/2016
Argentina
La Justicia porteña ordena bloquear la aplicación de Uber
La polémica no cesa en torno al sistema de viajes y ahora una jueza determinó la clausura preventiva del sitio web y de sus plataformas digitales vinculadas.
La jueza porteña Claudia Alvaro ordenó el viernes la clausura y bloqueo preventivo de la aplicación para alquiler de autos con chofer Uber, su sitio web argentino y plataformas digitales vinculadas dentro de la Ciudad.
Alvaro, titular del juzgado N° 16 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió "ordenar la clausura/bloqueo preventivo en los términos del art. 29 de la ley 12, de la página web https://drive.www.uber.com/argentina y las plataformas digitales, aplicaciones y todo otro recurso tecnológico que permita contratar y/o hacer uso de los servicios de transporte de pasajeros que ofrece la empresa UBER TECHNOLOGIES INC, UBER ARGENTINA SRL o UBER B.V.".
De acuerdo a lo dispuesto, la medida estará limitada "al estricto ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; hasta tanto la empresa se adecue a la normativa de la Ciudad".
En la resolución, la magistrada libró los oficios correspondientes al Ente Nacional de Comunicaciones a fin de que "arbitre las medidas necesarias para que sea ejecutada por los prestadores que brindan el servicio a internet" incluyendo a los prestadores de servicios de telefonía móvil-: Telecom Argentina SA, AMX Argentina SA, Telmex Argentina SA, Telecom Personal SA, Telefónica Móviles SA, Telefónica de Argentina SA, Cablevisión SA, Nextel Communications Argentina SRL y Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas SA.
"Los usuarios de la firma UBER se encuentran desprotegidos por cuanto estarían contratando con un servicio de transporte de pasajeros que no se encuentra habilitado, cuyo conductor no posee licencia de conductor profesional y que no cuenta con un seguro acorde a la actividad", afirmó la jueza.
La medida adoptada se enmarca en una causa por infracción al artículo 83 del Código Contravencional (uso indebido del espacio público para actividades lucrativas no autorizadas) impulsada por el Ministerio Público Fiscal, y que el pasado 18 de abril motivó el dictado de una medida cautelar por parte del fiscal Martín Lapadú. (Télam)
