Aranguren se va quedando sin respaldo del Gobierno por sus acciones en Shell

Juan José Aranguren poco a poco se va quedando sin el respaldo del Gobierno por sus acciones en Shell. El jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, se mostró incómodo al ser consultado por los $16 millones que tiene el funcionario en la petrolera británica, de la cual fue CEO hasta el 10 de diciembre. "Me hace ruido", advirtió el radical.

Negri admitió que "hay cuestionamientos" hacia el jefe de la cartera de Energía por la posesión de estos activos, y afirmó que Aranguren "honestamente cree que no" hay una incompatibilidad ética en el hecho de tener acciones de la misma empresa a la que debe controlar. Sin embargo, el diputado aclaró en diálogo con Luis Novaresio, por radio La Red: "Yo se lo dije frente a él. Nosotros no somos mosqueteros que vamos a defender a quien debe defenderse solo y tiene derecho a hacerlo bien".

Según el artículo 15 de la Ley de Ética Pública, todos los funcionarios deben "abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o en los que tenga participación societaria".

De acuerdo al texto de la norma, Aranguren tiene prohibido intervenir con decisiones que afectan a la rentabilidad y economía de su anterior empleador, la petrolera Shell, ya que cuenta con un paquete accionario en dicha firma que le reporta dividendos. Debido al cargo que ejerce, el ministro tiene como atribución la definición sobre cuestiones en materia energética y petrolera. El ministro alega que las decisiones vinculadas a esa empresa las deja en mano de sus subordinados para evitar conflictos de intereses.

Es por esta presunta incompatibilidad que el kirchnerismo y sectores de la oposición impulsan la renuncia de Aranguren, a través de campañas como #ChauAranguren o denuncias judiciales, como la que radicaron los diputados del Frente para la Victoria Martín Doñate y Rodolfo Tailhade. Los legisladores acusaron al ministro de haberse beneficiado como accionista por los aumentos de gas que dispuso en su rol de ministro.