13/12/2016

Argentina

Nuevo Hostigamiento

Fijaron una nueva fecha para la audiencia del juicio contra de Milagro Sala

Había sido suspendida sorpresivamente el pasado 24 de noviembre. Será a partir del 21 de diciembre y es por el acampe que encabezó la dirigente jujeña en Plaza Belgrano.
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La defensa de Milagro Sala asegura que Gerardo Morales intenta criminalizar la protesta social.

El juez había decidido suspenderla sorpresivamente la audiencia que estaba prevista para el pasado 24 de noviembre, pero ahora determinó que sea a partir del 21 de diciembre y es por el acampe que encabezó la dirigente jujeña en Plaza Belgrano durante el mes de enero de 2016.


El Juzgado Contravencional Nº 1, de San Salvador de Jujuy, a cargo de Matías Ustarez Carrillo, fijó una nueva fecha de audiencia en el juicio que impulsa el gobierno de Gerardo Morales contra Milagro Sala para los días 21, 22 y 23 de diciembre.


La primera de esas fechas coincide con el final del juicio del Tribunal Oral Federal, también impulsado por el gobernador Morales con el objetivo de criminalizar la protesta social.


Justamente con esa justificación, la dirigente indígena, líder de la Túpac Amaru, fue detenida el 16 de enero pasado y permanece en esa condición a pesar de los reclamos de organizaciones, partidos y dirigentes locales y también internacionales, como la propia Naciones Unidad y la Organización de Estados Americanos, por lo que el Estado Argentino fue denunciado por su accionar violatorio de los Derechos Humanos.


De todas maneras, el propio Juzgado Contravencional que ahora fijó nuevas fechas para las audiencias, suspendió el 23 de noviembre por la noche la que estaba prevista para el día siguiente sin brindar oficialmente a la defensa, los motivos que determinaron esa decisión. Claro que fuentes cercanas a la Justicia dejaron entrever que “se trataba de buscar más pruebas”.


Sin embargo, la defensa de Milagro Sala salió al cruce advirtiendo que “no se necesitan pruebas” con el argumento que no se niega la realización del acampe sino que “lo que está en discusión en la criminalización de la protesta social”. Paula Alvarez Carreras, una de las abogadas defensoras, señaló concretamente: “Lo que pretende el gobierno es juzgar un hecho que claramente no es delito ni contravención, que se realizó entre diciembre y enero de 2016, y que tiene como único objetivo la persecución política. Además la presunta investigación está hecha con notas periodísticas, videos y fotos del acampe".


La letrada puntualizó también: "Nosotros en ningún momento negamos el acampe, eso no está en discusión. Por eso no tiene sentido que planteen que hay falta de pruebas cuando nadie niega ese hecho".




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