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29/12/2016

Argentina

Sobreseyeron a funcionarios judiciales involucrados en el robo de un bebé durante la dictadura

Un ex juez de Menores y otros tres ex funcionarios judiciales fueron sobreseídos. Abuelas de Plaza de Mayo expresó su rechazo al fallo que dictó la Cámara de Casación.
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Manuel Goncalves Granada, nieto recuperado. Foto: http://www.nuncamasargentina.it.

La Cámara de Casación resolvió sobreseer a funcionarios judiciales vinculados a la sustracción de la identidad de Manuel Gonçalves Granada, nieto restituído en 1997 cuyos padres fueron asesinados durante el terrorismo de Estado.


Por los votos de los camaristas Eduardo Riggi y Mariano Borinsky (Gustavo Hornos lo hizo en disidencia), fue sobreseído el ex juez de Menores de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti, implicado en la sustracción de la identidad del hijo de Ana María Granada y Gastón Gonçalves, ambos asesinados por la dictadura de 1976.


Por extensión, también se sobreseyó al resto de los imputados: el ex asesor de Menores Juan Carlos Magni, y dos funcionarios del juzgado de Lomas de Zamora, Juan Delfín Castro y Francisco García Cortina, donde concluyó el trámite irregular de adopción de Manuel, según lo reveló la organización Abuelas de Plaza de Mayo.


En un comunicado, el organismo de Derechos Humanos repudió la decisión de la Cámara de Casación y consideró que fallos como este "significan un retroceso en el juzgamiento de la complicidad judicial en los delitos de la última dictadura y un paso atrás en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia". A continuación, el comunicado completo:


EXPRESAMOS NUESTRO RECHAZO A UN FALLO DE LA CÁMARA DE CASACIÓN

Un ex juez de Menores y otros tres ex funcionarios judiciales fueron sobreseídos.


Abuelas de Plaza de Mayo manifiesta su profunda preocupación por la confirmación del sobreseimiento del ex juez de Menores de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti, implicado en la sustracción de la identidad de Manuel Gonçalves Granada, hijo de Ana María Granada y Gastón Gonçalves, ambos asesinados por el terrorismo de Estado.


Por los votos de los camaristas Eduardo Riggi y Mariano Borinsky (Gustavo Hornos lo hizo en disidencia), fue sobreseído Marchetti y, por extensión, el resto de los imputados: el ex asesor de Menores Juan Carlos Magni, y dos funcionarios del juzgado de Lomas de Zamora, Juan Delfín Castro y Francisco García Cortina, donde concluyó el trámite irregular de adopción de Manuel.


El argumento central del fallo de Casación es que Ana María Granada alteró la identidad de su hijo. Sostiene que Marchetti se preocupó por la salud y el bienestar del niño, que ignoraba que no era de apellido "Valdez", y que las averiguaciones que se le reclama no haber hecho no le eran exigibles por su competencia como juez de Menores.


Riggi, en su voto, afirma que a Marchetti no le es atribuible “el delito previo que había cometido la madre del niño al alterarle su identidad". Y agrega: "En este marco, con la alteración de la identidad del niño ya producida, ninguna posibilidad razonable tuvo Marchetti de conocer oportuna y debidamente la real filiación del menor y, por añadidura, de orientar lo actuado a ubicar a sus verdaderos parientes. Y sin duda también resultó víctima de aquella circunstancia".


Lo cierto es que Marchetti tenía conocimiento de la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo. Desde 1978, representantes de nuestra Asociación visitaron su juzgado y mandaron cartas contando lo que pasaba con los niños. Además, sabía que Manuel había sido llevado a su juzgado luego del operativo en el que asesinaron a su madre y a la familia Amestoy, en San Nicolás, por lo que podía perfectamente relacionar nuestras denuncias con su caso, pero no hizo nada.


Así, el bebé quedó en manos de personal del Área de Inteligencia 132, y fue mantenido solo y con custodia policial durante cuatro meses en una sala del hospital San Felipe. Sin buscar a sus familiares, Marchetti lo dio en adopción a una familia de otra localidad de la provincia de Buenos Aires. Manuel creció como Claudio Novoa hasta los 19 años, cuando recuperó su identidad.


Fallos como este de la Cámara de Casación significan un retroceso en el juzgamiento de la complicidad judicial en los delitos de la última dictadura y un paso atrás en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.



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