04/01/2017

Argentina

UNICEF rechaza el proyecto macrista para bajar la edad de imputabilidad

El organismo propone la aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil, que proteja los derechos humanos y garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) emitió un comunicado oficial en el cual se posicionó en contra de las intenciones del gobierno de Mauricio Macri de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En el texto, el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también cuestionó que en Argentina hay "algunas jurisdicciones" donde "ya existe la posibilidad de que el juez dicte medidas de privación de su libertad, contraviniendo los estándares internacionales en materia de derechos humanos".


"La escasa implementación de medidas alternativas a la privación de la libertad y de justicia restaurativa, las malas condiciones edilicias de los centros de detención, el bajo grado de especialización del sistema de justicia juvenil así como el incumplimiento de sus derechos cuando están privados de libertad (acceso a una defensa efectiva, conocimiento del proceso penal al que se ven sometidos, acceso a la educación, al esparcimiento y a la salud) son retos que aún perduran en el sistema de justicia", argumentó el organismo.


Por ello, proponen la aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil, "que no disminuya la edad de imputabilidad, que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le apliquen –como regla– medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional (solo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal".


"La baja de la edad de imputabilidad implicaría un cambio efectivo en la situación de 82 chicos menores de 16 años privados de libertad en todo el país. Por su parte, el 80% de adolescentes privados de su libertad se concentran en 5 jurisdicciones: Buenos Aires, Córdoba, CABA, Mendoza y Santa Fe", sentenciaron.


Finalmente, consignaron que sería un gran avance "contar con un sistema de información nacional sobre niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal para poder dimensionar el fenómeno y diseñar políticas públicas pertinentes y eficaces para abordar esta problemática".



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