15/01/2017

Argentina

El Gobierno busca restringir el ingreso de inmigrantes con antecedentes penales

"Estamos recibiendo inmigrantes que vienen con una carga personal que hay que revisar", expresó la canciller Malcorra. Aunque aclaró que “la mayoría viene con buena voluntad”.

A través de una ley o decreto, el Gobierno planea endurecer la política migratoria y restringir el ingreso de inmigrantes con antecedentes penales. Si bien la iniciativa ya se había planteado desde el macrismo meses atrás, el asesinato de Brian Aguinaco, cuyo principal sospechoso es un joven de nacionalidad peruana, le dio un nuevo impulso al proyecto.


El tema se discute estos días en el marco del "Gabinete Nacional del Programa Siria", creado por el presidente para trabajar en la recepción de los refugiados sirios, y a fines de este mes el Ejecutivo podría acordar puertas adentro cómo piensa restringir el ingreso de aquellos extranjeros que cuenten con antecedentes penales.


"Estamos recibiendo inmigrantes que vienen con una carga personal que hay que revisar. Cuando estás recibiendo gente que ya de por sí tiene un registro de delincuencia, es una situación particular, no es un migrante: es eventualmente alguien que está escapando de la ley, o alguien con estado de inmigración que al mismo tiempo delinque", dijo la canciller Susana Malcorra al diario Clarín.


No obstante, la canciller afirmó que "la mayoría de inmigrantes vienen con buena voluntad", remarcó. E indicó: "Esto no se tiene que hacer por razones de ideología sino para preservar a nuestro territorio de aquellos que no tienen buena voluntad".


Hay dos opciones para concretar el plan. La primera es a través de un proyecto de ley o decreto. La segunda consiste en la sola aplicación de la legislación vigente. Es que el inciso C del artículo 29 de la ley 25.871, de Migraciones, fija como impedimento para el ingreso y permanencia a aquel extranjero que haya sido "condenado" o tenga "antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas" o por "un delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más".


Sin embargo, el problema para aplicar el texto de la ley es que no siempre se cuenta con los prontuarios de los extranjeros que ingresan en el territorio nacional. En este sentido, un camino sería construir acuerdos internacionales que permitan a la Argentina acceder a esta información. Por otro lado, se piensa en acelerar plazos de expulsión de aquellos inmigrantes que delinquen en el país.


En este sentido, Malcorra descartó que una posición más rígida pueda impactar en las relaciones exteriores: "La Argentina tiene una de las leyes de inmigración más permisivas del mundo". Pero advirtió: "Al mundo le fue muy mal siendo xenófobo. No llegamos a ningún buen puerto con eso. No es que cualquiera puede entrar, pero tampoco podemos estigmatizar y cerrarnos, porque nuestro país es lo que es por los inmigrantes que vinieron".


Por su parte, el jefe del bloque de senadores del FPV-PJ, Miguel Angel Pichetto, se mantuvo en una línea similar y volvió a la apelar a la polémica para referirse a la situación de los inmigrantes en la Argentina.

 

"Hay que comprender que Argentina tiene que cuidar sus fronteras, observar qué migrantes entran. A los extranjeros que cometan un delito, hay que expulsarlos", afirmó el senador en una entrevista al diario Clarín.

 

"Cuando vemos lo que pasó en Once o en otros barrios de Buenos Aires, están tomados por organizaciones delictivas que manejan el narcotráfico y en su mayoría son de origen peruano. A los africanos los usan de mascarón de proa para el control de la calle. En los últimos 25 años ha habido un marco de políticas muy flexibles en materia migratoria. Y no tenemos un adecuado control migratorio. Entra cualquiera con antecedentes penales", consideró.



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