En 2013, el ex jefe del Ejército de Alfonsín fue condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad

La reciente detención del ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo César Milani renovó el debate sobre la conducta durante los gobiernos de facto de militares que continuaron en actividad tras el retorno de la democracia o que no han recibido todavía una condena por su participación en aquéllos, lo que por otra parte demuestra el camino que aún le resta recorrer a la Justicia en la búsqueda de esclarecer todos los crímenes del terrorismo de Estado.

En este sentido, el caso de Milani, detenido este viernes por orden del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, en el marco de la causa por los secuestros de Pedro Adán Olivera y de su hijo, Ramón Olivera, en 1977, y la detención ilegal de Verónica Matta, en 1976, ocurridos en La Rioja, encuentra un antecedente en la condena al también ex jefe del Ejército durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín Héctor Ríos Ereñú, quien a fines de 2013 fue condenado a cadena perpetua junto a otros seis acusados por delitos de lesa humanidad ocurridos en Salta desde 1975 y durante la última dictadura militar.

Según el diario La Nación del viernes 20 de diciembre de 2013, en el final de un juicio oral que duró 18 meses de audiencias, el Tribunal Oral Federal impuso penas de prisión perpetua para Ríos Ereñú; para los ex jefes militares Joaquín Cornejo Alemán y Miguel Gentil, y para los responsables de la policía provincial, Joaquín Guil y Juan Carlos Alzugaray. La condena perpetua también alcanzó a los acusados Carlos Alberto Mulhall y Virtom Modesto Mendiaz.

Los crímenes por los que fueron juzgados se cometieron entre el final del gobierno justicialista de Isabel Perón y los primeros años de la dictadura militar iniciada en 1976. El tribunal aplicó penas de 10 años de prisión a los ex militares Julio Correa y Víctor Hugo Almirón, mientras que Juan Manuel Ovalle, el único civil imputado en la causa, fue condenado a 8 años de prisión.

Hubo además condenas menores para algunos de los 17 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Salta a partir de 1975. 

Éstas fueron para los acusados Felipe Caucota y Raúl Toledano, ambos condenados a siete años de prisión, y para Ricardo de la Vega y Jacinto Vivas, sentenciados a cinco años.

Por el principio de la duda fueron absueltos Marcelo Gatto y Fernando Antonio Chain.

En ese momento la fiscalía y la querella consiguieron además que se revocara la prisión domiciliaria que gozaban varios de los involucrados -entre ellos Ereñú y Alzugaray-, ya condenados por otras causas de lesa humanidad.

Ríos Ereñú, nacido en 1930 en Rosario, fue jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino durante el gobierno del retorno democrático de Raúl Ricardo Alfonsín.

Al momento de producirse el el golpe de Estado de 1976 ostentaba la jerarquía de teniente coronel. Durante ese período estuvo al frente del Regimiento de Infantería de Monte 28 en Tartagal, Provincia de Salta, rol por el que más tarde sería acusado de crímenes de lesa humanidad.

Luego de que su predecesor, el general de División Ricardo Pianta, fuera pasado a retiro por el ministro de Defensa por no poder controlar a sus subordinados, se designó a Ríos Ereñú como titular del Ejército Argentino el 4 de marzo de 1985.

En su primer discurso como jefe del Ejército, hizo referencia a que las fuerzas militares deben estar subordinadas al poder civil y afirmó que el país dejaba atrás una etapa dolorosa. Aprobó que se creara la CONADEP, que se llevara adelante el Juicio a las Juntas Militares de Gobierno y la aplicación del principio de obediencia debida.

La relación entre Ríos Ereñú y Alfonsín fue muy buena en comparación con la de los dos anteriores jefes, se logró una continuidad y una estabilidad que ni Jorge Arguindegui, ni Ricardo Pianta habían logrado conseguir.

Sin embargo, el levantamiento carapintada en la Semana Santa de 1987, con el que un grupo de militares, cuyo principal referente era el teniente coronel Aldo Rico, se sublevó contra el gobierno y pidió la suspensión de los juicios contra integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad por los crímenes cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional, consiguieron la sanción de las leyes de Obediencia Debida y el pase a retiro de Ríos Ereñ y doce generales más.

El 20 de diciembre de 2013, en el marco de una megacausa por 34 crímenes de lesa humanidad en la provincia de Salta a partir de 1975, fue condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio culposo agravado por alevosía en perjuicio del médico Pedro Urueña y el gremialista René Santillán, hechos ocurridos en Tartagal y General Mosconi.