Avruj advirtió que los organismos de DDHH "no deberían convertirse en factores de oposición ideológica"

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, sostuvo este martes que las organizaciones sociales y de DDHH “no deberían convertirse en factores de oposición ideológica” al Gobierno y cuestionó el hecho de que recurran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “sin agotar el diálogo” en el país.

Avruj se refirió así a la postura que distintos organismos llevaron el lunes a la sede de la CIDH en Washington, donde se realizaron dos audiencias sobre los cambios normativos en materia de política migratoria en Argentina y sobre las denuncias de criminalización de la protesta y represión en la provincia de Jujuy.

"Cuando uno hace un análisis de todas esas posturas de no apoyo y no acompañamiento, y de recurrir permanentemente a la CIDH -con todo el derecho que les asiste- pero sin que se agote el diálogo previamente dentro del país como corresponde, está marcando una tendencia opositora que los organismos no deberían tener. Tienen que tener su propia agenda y no convertirse en factores de oposición ideológica”, dijo Avruj en declaraciones a radio Delta desde Washington.

En el marco de esa audiencia, el funcionario mostró sus diferencias con el titular del CELS, Horacio Verbitsky, quien dijo que en Jujuy “hay una intolerable situación de persecución contra toda forma de protesta por parte de un gobierno que quiere ser juez y parte” y denunció un “divorcio alarmante entre lo que se dice y lo que se hace: el discurso es de respeto a los derechos humanos, pero la práctica es represión y violencia”.

"El cruce con Verbitsky fue en el ámbito del respeto y en el marco de defender posiciones y miradas. No hay que sobredimensionar la situación", consideró Avruj y destacó que el compromiso del presidente Mauricio Macri es “construir una sociedad basada en el derecho que sea inclusiva”.

Avruj asistió a la audiencia por la situación social en Jujuy acompañado por el fiscal de Estado de la provincia, Mariano Miranda, quien sostuvo que en dicha provincia “está garantizado el manifestarse públicamente y el derecho a peticionar” y que “no existe mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social”.