02/04/2017

Argentina

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy está acusada de robo de bebés

La máxima representante del poder Judicial fue denunciada, junto a su pareja, por la apropiación ilegal de un niño durante la dictadura.
La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy está acusada de robo de bebés | El Diario 24 Ampliar (1 fotos)

Clara De Langhe de Falcone, presidenta del máximo Tribunal de Justicia de Jujuy.

Con los avances en materia de Derechos Humanos alcanzados en los últimos años, comienza a salir a la luz el rostro civil de la última dictadura que desangró a la Argentina.

La máxima autoridad del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara de Langhe de Falcone, y su esposo, fueron denunciados penalmente por el diputado del Partido de la Soberanía Popular Juan Manuel Esquivel, por apropiación ilegal.

El diario Página 12 publicó una imagen de una partida de nacimiento fraguada a nombre de Fernando Esteban Falcone, un niño nacido en 1974 en San Pedro, a quien la presidenta del Superior Tribunal anotó como hijo biológico.

Esteban Fernando Falcone, DNI 24.217.035, nació en San Pedro de Jujuy el 25 de octubre de 1974 y es hijo natural de Gladys Estela Guzmán, DNI 13.311.593, pero fue anotado como hijo de Clara Aurora de Langhe de Falcone y de Hugo Rodolfo Falcone según acta de nacimiento que lleva el número de registro 40.020, fechada 25 de octubre de 1974. Gladys Estela tenía unos 15 años en la fecha del parto. De acuerdo a la denuncia, a ella le dijeron que el bebé había nacido muerto. Seis horas después del parto, Clara de Langhe de Falcone y su esposo lo anotaron como hijo propio en el Registro de San Pedro, según informó Página 12.

El denunciante se refirió a la demanda y advirtió: “Esperamos que en este caso el Poder Judicial deje de actuar corporativamente y haga justicia en un caso tan grave que involucra, nada más ni nada menos, a la máxima autoridad de la justicia en la provincia”. Además, criticó que, a pesar de que la denuncia fue publicada a través del matutino en febrero, ni el Ministerio Público Fiscal de la provincia, a cargo de Sergio Lello Sánchez, ni ningún fiscal decidió actuar de oficio.

Cabe recordar que la magistrada, ya había estado en el ojo de la tormenta en enero por el intercambio de mails, donde se hacía referencia a la detención de la dirigente social Milagro Sala, con funcionarios del Gobierno del gobernador jujeño Gerardo Morales y otros integrantes del poder judicial. Los correos estaban dirigidos a coordinar y manipular testimonios para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (politicargentina.com)





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