La Corte Suprema benefició con la prisión domiciliaria a un genocida

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo dividido, revocó este martes la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había dejado sin efecto el arresto domiciliario del represor Felipe Jorge Alespeiti, condenado por crímenes de lesa humanidad. La Corte consideró que carecía de fundamentación la decisión de Casación.

El fallo fue firmado por los ministros Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. En cambio Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco entendieron que no correspondía no tratar el recurso, con lo que para ellos debía mantenerse el arresto en el establecimiento carcelario donde se hallaba alojado.

Alespeiti, teniente coronel retirado, de 85 años y con problemas de salud había sido beneficiado con arresto domiciliario pero un fallo de Casación lo dejó sin efecto. Ahora la Corte revocó esa decisión.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había revocado el arresto domiciliario de Alespeiti sobre la base de considerar el riesgo de fuga y el compromiso de la responsabilidad internacional del Estado argentino de garantizar efectivamente el cumplimiento de la pena.

Además tuvo en cuenta que en este tipo de causas no debía estarse a la edad o aptitud de salud del imputado, sino también considerarse la capacidad de la persona de influir en las estructuras de poder del que formó parte y con el que conformó una red continental de represión.

Contra esa decisión, la defensa dedujo un recurso extraordinario que fue concedido y que fue resuelto este martes por el máximo tribunal.

Alespeiti fue jefe del Regimiento de Infantería I Patricios, y como tal, jefe del Area II de la subzona Capital Federal entre el 16 de octubre de 1975 y el 22 de septiembre de 1976. Fue juzgado en el 2009 por 107 secuestros y desapariciones, informa el sitio desaparecidos.org. Entre esos crímenes figuran las desapariciones del escritor Haroldo Conti y Marcelo Gelman -hijo del poeta Juan Gelman-, los asesinatos de los parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de sus compatriotas Rosario Barredo y William Whitelaw. Asimismo, fur imputado por las desapariciones de Carmen Lapacó, Alejandro Aguiar, Esteban Ojea Quintana, Jorge Casariego, Noemí Macedo, Osvaldo Ostuni, Leonor Marx Pinkus, Juan Carlos Higa, Leonor Landaburu y Gustavo Fraire, entre otras víctimas.