25/04/2017

Argentina

El Gobierno sacó al procurador del Tesoro que podía complicar a Macri por la causa del Correo

En su lugar puso a Bernardo Saravia Frías, quien tuvo entre sus clientes a las empresas de la familia presidencial.
El Gobierno sacó al procurador del Tesoro que podía complicar a Macri por la causa del Correo | El Diario 24 Ampliar (1 fotos)

Con el nombramiento de Saravia Frías el gobierno busca demorar la causa.

Carlos Balbín dejó la procuración del Tesoro luego de que le soltara la mano Daniel “El Tano” Angelici y el Gobierno convenciera a Elisa Carrió de que no montara una nueva defensa pública, como hizo a fines del año pasado. En su lugar, llegará Bernardo Saravia Frías, quien hasta ahora era el secretario legal y técnico de Hacienda.


El procurador que acaba de quedar desvinculado, Carlos Balbín, preparaba una serie de presentaciones que –según pudo saber PáginaI12 por funcionarios de la causa– serían críticas hacia el papel en el caso del propio Gobierno, al que la fiscal Gabriela Boquin en febrero último responsabilizó de haber aceptado una propuesta de pago de la empresa de la familia Macri “ruinosa” y “abusiva”, que implicaba condonarle el 98,87 por ciento de la deuda.


Saravia Frías es radical: fue asesor de Fernando de la Rúa y proviene del riñón de Ernesto Sanz, pero quienes consiguieron imponer su nombre fueron el jefe de asesores presidenciales José Torello y los amigos del Cardenal Newman. El nuevo procurador formó parte del estudio Saravia Frías del cual el Grupo Macri figura entre sus clientes. Ahora, desde su nuevo cargo, deberá representar al Estado contra ese holding familiar en la causa del Correo Argentino. Esto es, si nadie plantea que tiene un conflicto de intereses.


Juez de la Ciudad, Balbín llegó al cargo de procurador del Tesoro (el equivalente al abogado del Gobierno) de la mano del presidente de Boca Juniors, quien un tiempo después dejó de apadrinarlo, dado que en el Gobierno empezaron a cuestionar el poco compromiso que –al decir de los macristas– puso para defender al Estado ante las causas por aumentos de tarifas, en donde los llevó a un fallo contrario de la Corte Suprema con el gas, y en el acuerdo con los fondos buitre, en donde esperaron por semanas un dictamen suyo sobre los peligros del acuerdo.


En el círculo jurídico que rodea al presidente Mauricio Macri sentían que una y otra vez Balbín no quería meterse en el barro. Tampoco quedaron satisfechos con su rol cuando llegó el escándalo del Correo Argentino. En este último caso, Balbín inició un sumario para evaluar las actuaciones del ministro de Comunicación, Oscar Aguad. Según fuentes judiciales, el dictamen de Balbín no hubiera sido favorable a los intereses de Macri.


Saravia Frías fue socio del estudio que lleva su mismo apellido y que tuvo como cliente, entre otros, al Grupo Macri, según destaca la web del estudio. Otros clientes son conocidos bancos, la Bolsa de Comercio y empresas mineras. Como parte del nuevo protocolo de conflicto de intereses, que el presidente Macri sacó por decreto, el procurador del Tesoro deberá patrocinar al Estado en los casos en los que el presidente, el vicepresidente o sus ministros tengan conflicto de intereses por parentesco, por amistad, por pleitos pendientes o en caso de ser deudores o acreedores de sus allegados.


Entre esos casos que en los que debería intervenir la procuración del Tesoro se encuentran los pleitos con el Estado del Grupo Macri, incluido el del Correo Argentino, al que el Gobierno consiguió planchar en el Poder Judicial por 120 días, es decir, hasta después de las elecciones. Ante el manifiesto conflicto de intereses con el Presidente, al Estado deberá representarlo Saravia Frías, si no le surge a él un conflicto de intereses por el patrocinio de su estudio al Grupo Macri.


Correo Argentino


Aquel planteo de la fiscalía fue el que dejó en evidencia al gobierno de Macri que, parado de los dos lados del mostrador, había aceptado perdonarle al Correo una deuda calculada en 4 mil millones de pesos acumulados desde 2001. Después vendría el anuncio de marcha atrás y el pedido del Estado ante la Cámara Comercial para una reformulación del convenio. Pero el día de la audiencia para volver a discutirlo, el Estado pidió dejar todo el proceso en suspenso por 120 días hábiles, lo suficiente como para dar aire al Gobierno, muy golpeado en su imagen por este asunto, durante la campaña electoral.


Ese pedido fue presentado el 16 de marzo. Lo deben resolver las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, quienes han demostrado gran habilidad para actuar a favor del paso del tiempo, a punto tal que tuvieron el expediente en la Cámara desde el año 2011 hasta que celebraron la audiencia de junio del año pasado cuando se hizo el acuerdo cuestionado.


El argumento del Estado para pedir tiempo era que quería esperar un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) y que quería que se comenzaran a implementar dos decretos que luego de este escándalo firmó Mauricio Macri para regular conflictos de interés. La Cámara comenzó a pedirles opinión a todas las partes. Hasta ahora opinaron los síndicos, la mayoría en favor de otorgar los meses requeridos. Lo que sucede es que según uno de los decretos recientes, de ahora en más debe intervenir obligatoriamente la Procuración del Tesoro en nombre del Estado. En rigor, cerca de una década atrás participó del proceso. Luego dejó de hacerlo. La semana pasada se presentó otra vez. Debe opinar, primero, sobre los 120 días, algo que no se hizo.


La Procuración del Tesoro (que es el cuerpo de abogados del Estado) ya había empezado a intervenir por otras dos vías en el tema: una denuncia del fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, quien también la llevó a los tribunales federales, para que se rastreen responsabilidades de los funcionarios que intervinieron en el acuerdo del Correo pero que a la vez se reconstruya qué perjuicio se ocasionó al Estado desde los inicios del concurso de acreedores en 2001.


Por todo esto Balbín había iniciado una auditoría de todo el expediente, que es inmenso. A la vez había formado sumarios contra todos los funcionarios que tuvieron alguna participación en el proceso. Con una primera aproximación ya estaba armando informes que no serían del agrado oficial, que a la vez debían ser entregados en el contexto del proceso judicial. Todo esto demora también un pronunciamiento de la fiscal Boquin sobre la prórroga de los 120 días. En definitiva, demora todo.


El año pasado, cuando se celebró la audiencia para el acuerdo con el Correo en la Cámara, Balbín como Procurador del Tesoro no fue convocado. No está claro si lo pasaron por encima de manera intencional. Sólo asistió en nombre del Estado un funcionario transitorio de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, muy cuestionado cuando salió a la luz el convenio. Por ahora este ministerio sigue representado.


El decreto 201 de este año, uno de los que aluden a conflictos de interés, le da un papel importante al Procurador del Tesoro en un esquema de control sobre el trámite de los juicios en los que están implicados organismos o entidades del sector público y que aparezcan comprometidos el Presidente, el vice, el jefe de Gabinete o alguno de los ministros o autoridades del mismo rango. El/la procurador/a del Tesoro deben hacer públicos estos juicios y, según el decreto, previo a cualquier acuerdo, quita, convenio, conciliación o desestimiento, también debería dar a conocer su postura y comunicar su voluntad con anticipación a la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación y la Comisión Parlamentaria Mixta revisora de cuentas. Dado que Balbín comenzaba a intervenir ahora en el juicio y todo se encamina a un nuevo acuerdo debería acatar esas reglas. En el Gobierno aseguran que la salida de Balbín, hombre en su momento respaldado por Elisa Carrió, se debe a que “no firmaba nada” de lo que el oficialismo le pedía y que había objeciones con muchos otros temas, como la discusión por el aumento de tarifas. Al parecer, en el caso del Correo, Balbín amagaba con firmar algo que no les agradaba.


Hasta que un nuevo procurador y Boquin se expidan sobre la suspensión por 120 días, la Cámara no está en condiciones de resolver nada. El tiempo transcurre para ser capitalizado en este caso por el macrismo.

(Página 12)



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