05/05/2017

Argentina

Ya hay dos pedidos de inconstitucionalidad contra la ley del 2x1

Desde la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas reclaman el cese de la aplicación de la derogada ley 24.390, aplicada por la Corte Suprema.
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La actual composición de la Corte que falló a favor de beneficiar a los represores.

Luego del fallo de la Corte Suprema que esta semana resolvió que el beneficio de la denominada ley del 2x1 que acorta las condenas también es aplicable para los casos de delitos de lesa humanidad, comenzaron a multiplicarse los pedidos de represores condenados por delitos de lesa humanidad que piden ser beneficiados con la aplicación de esa normativa, ya derogada.


En este sentido, ya hay dos pedidos de fiscales para declarar la inconstitucionalidad de la ley 24.390, a la que apeló el máximo tribunal en el caso "Muiña".


El primero de ellos fue realizado por la fiscal de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Ángeles Ramos, luego de que el apropiador de menores Víctor Gallo, condenado a 15 años de prisión en 2012, pidiera que se le aplicara el 2x1. Según indica Página 12, Ramos presentó ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) un escrito en el que solicita que se declare "inconstitucional" el fallo de la Corte que resolvió extender los beneficios de la derogada ley del 2x1 a los condenados por delitos de lesa humanidad.


La fiscal, quien adelantó que el Ministerio Público rechazará los pedidos de excarcelación de los genocidas, recordó que "el Estado terrorista avasalló los derechos fundamentales suprimiendo, para ello, las normas básicas de convivencia democrática", advirtió que sus responsables "(...) ya en democracia consiguieron perpetuar la impunidad de sus crímenes", y subrayó que en caso de que Gallo (apropiador de Francisco Madariaga, el nieto 101) no cumpliera su condena íntegra se comprometería "la responsabilidad internacional del Estado argentino".


Por otro lado, el fiscal general a cargo de la Unidad Fiscal especializada en casos de apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado, Pablo Parenti, quien solicitó este viernes al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº5 de la Capital Federal que rechace el pedido de excarcelación por aplicación de la ley promovido por la defensa de Héctor Salvador Girbone, condenado en 2014 a ocho años de prisión por la apropiación del nieto recuperado Pablo Javier Gaona Miranda, pidió además, en forma subsidiaria, la declaración de inconstitucionalidad de la derogada ley 24.390, según publica el portal fiscales.gob.ar.


Parenti indicó que si se entendiera que la derogada ley abarca también los crímenes de lesa humanidad "sería una ley incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los Derechos Humanos".


El fiscal general sostuvo que en ese supuesto debiera analizarse "si una ley que contemple una reducción de penas como la ley 24.390 soportaría un test de constitucionalidad en tanto se refiriera a delitos de lesa humanidad. Y la respuesta es: no. No sería admisible una ley que redujera de tal modo las penas impuestas, dado que llevaría a incumplir las reglas internacionales que obligan a establecer 'penas adecuadas' para los delitos de lesa humanidad".


 "La aplicación anacrónica de esta ley alteraría de tal modo la respuesta punitiva que se tuvo como justa y adecuada por los tribunales de justicia, que sería materialmente una conmutación de penas prohibida por el derecho internacional", sostuvo.


Citó, al respecto, el artículo 7 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, que establece expresamente que para esta clase de hechos los Estados deben asignar “penas apropiadas, que tengan cuenta su extrema gravedad”. El fiscal señaló que en función de esa disposición "la Argentina se encuentra comprometida internacionalmente a sancionar adecuadamente este tipo de hechos, que el propio derecho internacional define como 'de extrema gravedad'" y reparó en que "si se analiza la Convención mencionada, puede verse que establece como uno de los supuestos especialmente agravados la desaparición forzada de menores de edad. Es decir, que casos como el que estamos juzgando en este juicio son definidos como de los más graves dentro de una categoría que ya se considera como de 'extrema gravedad'".




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