El flamante canciller carga con una denuncia por omisión maliciosa

Susana Malcorra renunció en la tarde de este lunes a su puesto de Canciller, y en su lugar asumirá Jorge Faurie, actual embajador argentino en París.

Lo cierto es que el flamante canciller acarrea un polémico pasado: en septiembre de 2002, la Oficina Anticorrupción (OA) denunció a Faurie, por entonces vicecanciller y embajador designado en Portugal, por haber omitido consignar en su declaración jurada una sociedad que compartía con Ramón Hernández, secretario privado del ex presidente Carlos Menem.

Faurie era su socio en la empresa Costes SRL, inscripta en la Inspección General de Justicia y que había suspendido un proyecto para abrir un restaurante mexicano en el salón Tattersall del Hipódromo de Palermo. El dato había llamado la atención porque, en noviembre de 1999, cuando se desempeñaba como director de Ceremonial, el ahora Canciller le renovó por cinco años el pasaporte diplomático de Hernández, que no lo devolvió aunque los funcionarios políticos pierden ese derecho cuando dejan su cargo.

La empresa en la que Faurie y Hernández eran socios fue constituida el 27 de diciembre de 1999 y obtuvo la personería el 19 de enero de 2000. Por eso, según dispone la ley 25.188 (de Etica Pública), el funcionario debió haber declarado su participación en la sociedad cuando presentó su declaración jurada el 22 de febrero de 2002, después de ser designado vicecanciller por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ruckauf.

En su momento el ahora canciller presentó un descargo y aseguró que no declaró la sociedad porque creía que no debía hacerlo "debido a que efectuó aportes en efectivo, fuera del inicialmente hecho para conformar el capital social, y a que el proyecto se desactivó y no generó ganancias ni otros ingresos".

"No tengo ningún inconveniente en presentarme ante la Justicia todas las veces que sea necesario para aclarar este tema", había dicho Faurie en ese entonces. 15 años después, el embajador deberá dar explicaciones sobre esta causa judicial, que puede jugarle en contra en su nuevo cargo de canciller.