27/06/2017

Argentina

Otorgaron prisión domiciliaria a Nélida Rojas, líder mendocina de la Tupac Amaru

La jueza Cristina Pietrasanta hizo lugar a un habeas corpus presentado por la defensa. La dirigente estuvo detenida tres meses en Cacheuta.
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Nélida Rojas, líder de la Tupac Amaru en Mendoza.

La Justicia de garantías de Mendoza otorgó la prisión domiciliaria a Nélida Rojas, responsable de la Tupac Amaru en esa provincia, enfermera jubilada por discapacidad del Hospital Central y operada de columna. La mujer está detenida desde hace tres meses en el penal Agua de las Avispas de Cacheuta, soportando temperaturas inferiores a los cero grados y sin calefacción.

La decisión fue otorgada en el marco de un habeas corpus presentado por el abogado defensor Alfredo Guevara, al entender que las condiciones de detención agravaban su estado de salud. La jueza Cristina Pietrasanta concedió el beneficio. La semana pasada, la Cámara del Crimen había anulado un primer fallo de la misma jueza en sentido inverso porque lo rechazó sin siquiera entrevistar a la peticionante, un requisito mínimo exigido por la ley nacional, informó Página/12.

Nélida fue detenida el 7 de abril con sus hijas Leonela y Carla. El operativo incluyó un despliegue al modo de Gerardo Morales: veinte móviles de la policía, motos y celulares ante las cámaras de televisión. A Nélida la obligaron a agacharse en un asiento de hierro con las manos esposadas entre las piernas con su problema de movilidad, en un móvil que iba a más de 100 kilómetros por hora y en el que no se podía agarrar de ningún lado. Una de sus hijas se desmayó. Las tres denunciaron mas tarde apremios ilegales por ese traslado y dinámicas que se repitieron cada vez que Nélida era traslada a declarar.

Con ellas fueron detenidos el esposo de la dirigente, Ramón Martínez, y su nuera Fanny Villegas. Todos acusados de asociación ilícita, extorsión y coacción agravada en concurso ideal con estafa en base a unas 25 denuncias, es decir, 25 personas que pertenecieron o pasaron por la organización y ahora traducen las prácticas de su vida en la organización en algo que la justicia está lee como una increíble imputación penal. Denuncian que en el marco de la organización debían cumplir ocho horas de trabajo semanal; hacer trabajos como el armado de vigas para las casas, apilar ladrillos o limpiar los terrenos, tareas que llevaban adelante en realidad cada uno de los integrantes de Tupac Amaru en cualquier lugar del país porque así estaba establecido por la dinámica de las asambleas y en su génesis estatutaria.

Alfredo Guevara señala que las acusaciones son producto de una persecución política. “Para la fiscal Gabriela Chaves, la organización de copas de leche, las actividades de trabajo comunitario o participar de movilizaciones para reclamar por los derechos que el Estado debería garantizar son un delito. Lo más grave es que nosotros no estamos discutiendo los hechos, sino la interpretación de esos hechos. No negamos que los integrantes de la organización hayan pagado una cuota social de 30 pesos, no se discute eso, sino que eso sea un delito: ¿tener que ir a las marchas es un delito? ¿Reunirse en asambleas es un delito?”.

El día de su detención, Guevara presentó un certificado del Anses que indica un nivel de 76 por ciento de incapacidad y pidió la excarcelación. Al resto de su familia le fueron otorgando los arrestos domiciliarios, pero a ella no. Hace unos veinte días, mientras los jueces de la provincia no se podían de acuerdo sobre quién debía intervenir en la investigación de fondo, Guevara la vio completamente desmejorada en el penal, en medio de las olas intensas de frío. Presentó, entonces, el habeas corpus. La jueza lo rechazó; Guevara apeló y la Cámara del Crimen antes de revisar la apelación anuló directamente al entender que la jueza no había entrevistado a Nélida Rojas.







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