12/01/2018

Argentina

El FPV pedirá la derogación del mega decreto de Macri

La oposición denuncia “un intento de limitar la actividad parlamentaria”. El diputado Agustín Rossi que su bloque propondrá revocar el DNU) queflexibiliza los controles laborales para las empresas, permite embargos directos sobre las cuentas sueldo, otorga beneficios a las empresas y al sector financiero e incluso lleva íntegro un párrafo de un decreto del menemismo.
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Rossi adelantó el rechazo del bloque al achicamiento del Estado encubierto.

El diputado Agustín Rossi anticipó que el Frente para la Victoria (FpV) propondrá la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que, con la excusa de “desburocratizar el Estado”, flexibiliza los controles para las empresas que incumplen la legislación laboral y permite entre otras cosas embargos directos sobre las cuentas sueldo, que estaban prohibidos, y otorga beneficios a las empresas y al sector financiero.


“Está claro que el presidente Mauricio Macri se burla del Parlamento”, denunció el legislador, quien aseguró que pedirá que la Comisión Bicameral analice el decreto del Poder Ejecutivo redactado a medida de la OCDE que, en 22 capítulos y 192 artículos, modificó más de 140 leyes y normativas.


“La ley de tratamiento legislativo de los DNU indica que hasta tanto las cámaras no lo rechacen, el decreto está vigente. Así que en las sesiones ordinarias (que se inician el 1 de marzo) vamos a pedir que el tema se trate en el pleno para poder derogarlo”, aseguró Rossi, quien calificó a ese decreto “ómnibus” publicado ayer en el Boletín Oficial como “un intento de limitar la actividad parlamentaria” por parte del gobierno de Cambiemos. Sostuvo también que esa norma “tiene algunos aspectos que son claramente perjudiciales”.


Entre ellos citó la potestad de las entidades financieras de “embargar las cuentas sueldo” y, también, el cambio del destino de las inversiones del Fondo de garantía de sustentabilidad de la ANSES. Esa norma establecía que los fondos debían “direccionarse hacia las inversiones productivas, de manera que los aportes puedan generar puestos de trabajo. Ahora, este proceso quedó orientado al sistema financiero”, criticó.


También cuestionó la modificación de las licencias de importación. “Esto va a tener un impacto negativo en la industria nacional”, vaticinó. También cuestionó el artículo que flexibiliza los controles a las empresas que transgreden la legislación laboral. “Todas son cuestiones que le están exigiendo (al Gobierno) desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para tratar de que la Argentina ingrese” a ese organismo y, también, "para liberalizar el comercio”.


En diálogo con radio La Patriada, el diputado nacional por Santa Fe estimó que, debido a la extensión del DNU, el Gobierno “seguramente venía trabajando desde hace mucho tiempo” en el texto. Su hipótesis es que eso fue así para sortear al Congreso. “El oficialismo tiene una mayoría inestable en términos políticos”, y por este motivo la gestión macrista “va a tratar de limitar la actividad parlamentaria”, concluyó.


Copiando al menemismo


La actual administración copió casi textualmente los argumentos utilizados por el gobierno de Carlos Menem hace 27 años para justificar la flexibilización de las condiciones laborales y la apertura indiscriminada de importaciones, que la oposición ya anticipó que rechazará en la Bicameral.


“Que habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía popular de mercado, la permanencia de normas dictadas en otro contexto constituye un factor de atraso y entorpecimiento del desarrollo nacional”. De esta forma se argumentó en los considerandos del decreto 2284/91 del 31 de octubre de 1991.


“Que habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía pujante, competitiva y transparente, la permanencia de normas dictadas en otros contextos constituye un factor de atraso y de entorpecimiento del desarrollo nacional”. De esta forma se argumentó en los considerandos del DNU 27/18 del 11 de enero de 2018.


El investigador del Conicet Pablo Vommaro fue quien halló lo que difícilmente podría denominarse una casualidad. Vommaro, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, publicó en Twitter ambos párrafos. Una manera de enhebrar los vínculos entre el menemismo y el macrismo. Hay apenas una pequeña diferencia: el decreto 2284/91 habla de “economía popular de mercado”, mientras que el último DNU invoca una “economía pujante, competitiva y transparente” y habla de contextos en lugar de contexto.


El decreto de 1991, inscripto en los años de neoliberalismo a ultranza, desreguló el comercio interior y exterior y liquidó dos órganos centrales de la vida económica argentina de los anteriores 60 años: las juntas reguladoras de carnes y granos, que evitaban disparadas de precios en el mercado interno. Toda una larga serie de regulaciones en las industrias del vino, la yerba mate y el azúcar también fueron dejadas de lado en pos del sueño menemista de ingresar al Primer Mundo.


Más de un cuarto de siglo después, el DNU de Macri busca “reducir la cantidad de trámites que deben hacer las empresas para poder operar en el país, buscando ser más eficiente, y con el consecuente ahorro de tiempo”. El decreto afecta el sector portuario, la aviación civil, la Unidad de Información Financiera y el Senasa, entre otras áreas. Además, permite embargar las cuentas sueldo de los trabajadores, en una medida que beneficia a los acreedores.


Como en 1991, la palabra clave vuelve a ser desregulación. Y la inclusión de un párrafo casi textual parecería ser un homenaje del gobierno nacional, tributario de aquellas políticas. (PáginaI12)



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