23/05/2018

Argentina

Denunciaron al Juez Otranto por escuchas ilegales a la Familia Maldonado

El diputado nacional Horacio Pietragalla y la legisladora porteña Myriam Bregman realizaron una presentación ante el Consejo de la Magistratura.
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Fue por las escuchas ilegales a Sergio Maldonado.

Fue "por realizar espionaje ilegal sobre la familia de Santiago Maldonado y otros testigos" en la causa en la que se investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago.

Otranto, desplazado de la causa principal, había ordenado la intervención judicial del teléfono de Sergio Maldonado y de los testigos Ariel Garzi, Claudina Pilquiman y Marcela Scotovaz. Es decir, investigó a las víctimas en lugar de a Gendarmería.

La información sobre las intervenciones telefónicas se conoció hace dos semanas, cuando el actual juez de la causa, Gustavo Lleral, ordenó la destrucción del contenido de esas escuchas.

"El accionar y desempeño del Dr. Otranto ya había sido cuestionado con anterioridad, dando lugar a planteos de recusación por parte de dos de los querellantes, Sergio Maldonado y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y del Fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones. Dichos pedidos de recusación finalmente fueron resueltos favorablemente por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia", recordaron Bregman y Pietragalla en la denuncia.

"No obstante, el mismo 22 de septiembre de 2017, fecha en que fue apartado de la causa, el Dr. Otranto ordenó la intervención telefónica de Sergio Maldonado, hermano de la víctima y previamente, el 5 de septiembre de 2017, intervino los teléfonos de los testigos Ariel Mariotto Garzi, Claudina Pilquiman y Marcela Scotovaz", dice el texto.

"La génesis de la presente denuncia reside en el mal desempeño del Dr. Otranto en lo que respecta a la arbitraria e infundada orden de intervención de las líneas telefónicas pertenecientes a los testigos y el propio hermano de la víctima, en el marco de la causa caratulada Maldonado, Santiago Andrés s/ Habeas Corpus”, remarcaron.

Según los legisladores, Otranto cometió "mal desempeño en sus funciones, vulneró el derecho a la intimidad de los ciudadanos que buscan justicia mediante la intervención telefónica de líneas correspondientes a testigos y familiares de la víctima, que no revestían el carácter de imputados ni se encuentran sospechados de haber cometido un ilícito". (infonews.com)




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