El gobierno busca evitar que el Senado apruebe la ley que frena los tarifazos

El miércoles será una fecha clave en el Congreso. La oposición podrá mostrarse en unidad para aprobar el proyecto que busca frenar los tarifazos, retrotraer los valores a noviembre del año pasado y atar las subas a la evolución de los salarios reales. Sin embargo, el oficialismo buscará negociar con gobernadores para aprobar un proyecto alternativo. Las quejas por el financiamiento de los servicios públicos en la Ciudad y provincia de Buenos Aires y quita de impuestos.

Ante el avance del proyecto opositor, el Gobierno comenzó a buscar alternativas para lograr el mal menor a la hora de frenar los tarifazos. Es que, después de una semana de gracia, el Senado avanzó con la firma del dictamen y este miércoles se debatirá en el recinto el freno a los tarifazos, que ya tiene la media sanción de Diputados y podría convertirse en ley. De ser así, el Gobierno ya adelantó que vetaría la normativa.

En tanto, el oficialismo buscará desestimar el texto de la oposición y avanzar con el propio, que propone la reducción del 50% en la carga del IVA, que pasará del 21% al 10,5% para usuarios residenciales, y del 27% al 21% para Pymes. La medida duraría un año, con posibilidad de prorrogarlo si la situación económica lo amerita.

En una línea similar, Elisa Carrió, diputada oficialista, presentó un proyecto propio orientado a asegurar la "transparencia" en la facturación. El texto estipula la prohibición de incorporar en las facturas "cualquier cargo, tasa o concepto que no responda exclusivamente a los cargos por el consumo realizado por el usuario, calculado éste según el cuadro tarifario vigente al momento de facturación”. Así, sólo podrán incluirse el IVA e Ingresos Brutos si corresponde. Además, estipula "errores de facturación" cuando la misma exceda en un 75% el promedio de los consumos del mismo período de los años anteriores.

Pero también, en este desfile de proyectos, los gobernadores de las provincias que integran el bloque Argentina Federal propusieron que las distribuidoras Edenor, Edesur y AySA pasen a ser administradas por la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, en lugar de que los servicios sean financiados por el Estado nacional con recaudaciones de las provincias. De este modo, se aliviarían los gastos provinciales.