30/05/2018

Argentina

Correo Argentino ofreció pagar su deuda al Estado con un edificio

La empresa de la familia Macri propuso ceder sus instalaciones de Monte Grande, valuadas en mil millones de pesos, donde hoy centraliza sus operaciones el servicio postal oficial.
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La propiedad que la empresa estaría dispuesta a entregar.

El Correo Argentino SA presentó una nueva oferta para cancelar su deuda con el Estado en el marco del concurso preventivo que se tramita en el fuero Comercial, y en oportunidad incluyó la posibilidad de cesión de un edificio.


La empresa de la familia Macri ofreció para cancelar su acreencia la entrega del edificio de Monte Grande, donde hoy centraliza sus operaciones el servicio postal oficial. De acuerdo con la compañía, esa propiedad hoy tiene un valor de casi 1.000 millones de pesos.


La propuesta fue elevada a la Cámara Comercial, que ahora deberá correrle vista al Gobierno para que se pronuncie sobre la propuesta. Según publicó La Nación, la empresa ofreció en pago de su acreencia "el 100% del inmueble junto con todo lo plantado y edificado sobre el mismo, al igual que sus mejoras y equipamiento".


El inmueble de Monte Grande es el que hoy está siendo utilizado por el Gobierno para el servicio postal oficial y forma parte, a su vez, del reclamo que Correo Argentino SA le hace al Estado en la causa que -en paralelo- se tramita en el fuero Contencioso Administrativo.


El gobierno ahora tiene 15 días hábiles para evaluar la propuesta. Luego deberán pronunciarse los síndicos del concurso y la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, que fue quien despertó la alerta en el caso del Correo cuando advirtió que la gestión de Mauricio Macri estuvo cerca de cerrar un acuerdo, que calificó de "abusivo" y que -según sus cálculos- implicaba "una condonación de la deuda" por más de $ 4.277 millones a valor presente.


La deuda original de Correo Argentino SA con el Estado ascendía en 2001, en plena convertibilidad, a 293 millones de pesos (o dólares). La empresa hizo dos ofertas de pago en cuotas en 2014 y elevó una tercera propuesta tras el cambio de gestión en 2016, que fue la que estuvo a las puertas de un acuerdo con el entonces Ministerio de Comunicaciones. Ese preacuerdo desató la polémica y dio origen a una causa penal, que hoy está en manos del juez federal Ariel Lijo. (BAE Negocios)


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