18/06/2018

Argentina

Un informe demostró que existen casos de blanqueo de dinero de la campaña de Cambiemos a través de beneficiarios sociales

En un extenso trabajo de investigación realizado por El Destape, se pudieron comprobar al menos 205 casos, correspondientes solo a Quilmes y otros partidos de la zona Sur y Oeste del Gran Buenos Aires.
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Los datos se cotejaron con beneficiarias del programa Ellas Hacen, entre otras.

La alianza Cambiemos lavó dinero durante la contienda electoral de 2017 en provincia de Buenos Aires al utilizar a al menos 200 titulares de planes Ellas Hacen y Argentina Trabaja y hacerlos pasar como pequeños aportantes de campaña de Esteban Bullrich, candidato a senador, y Graciela Ocaña, candidata a diputada.

Se encontraron una enorme cantidad de coincidencias de documentos y personas al cruzar la base de datos de los titulares de Argentina Trabaja y Ellas Hacen en esos distritos (2016), correspondientes al ministerio de Desarrollo Social, con el informe remitido ante la Justicia Electoral por parte de la alianza Cambiemos: todos aportaron a la campaña de Bullrich y de Ocaña por separado, con pequeñas sumas de dinero, que van desde los $300 a los $1500.

La mayoría de los “aportantes” resultaron ser personas que se encuentran en una situación de pobreza y vulnerabilidad económica importante: residen en asentamientos o villas, y no cuentan siquiera con los servicios básicos garantizados, en incluso, en muchos casos, ni siquiera pueden garantizarle las comidas diarias a sus hijos.

En diálogo con especialistas en materia de derecho, el caso de estafa de Cambiemos puede resultar “claramente judiciable” ya que se incurrió, como mínimo, en el delito de usurpación de identidad, seguido de presunto lavado de activos.

Según establece la ley “será reprimido con prisión de tres a diez años el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”. (infonews.com)




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