La justicia falla en contra de la provincia de Catamarca por la polémica construcción del Estadio

Sigue en la vecina provincia de Catamarca la polémica por la construcción deficiente del Estadio Bicentenario, que albergó algunos partidos de la Copa Argentina, hasta que comenzó a mostrar prematuras señales de deterioro.

La jueza comercial nº2, Cecilia del Carmen Delgado, declaró inadmisible el reclamo de Fiscalía de Estado de Catamarca por casi $257 millones en el pequeño concurso preventivo de la firma Capdevila Empresa Constructora, en concepto de compensación por lo que costaría construir a nuevo el Estadio Bicentenario, obra emblemática que tuvo a cargo la empresa. Sin embargo, le reconoció créditos por $43,9 millones al considerar que esa cifra se asemeja a la que el Estado reclama por daños y perjuicios en una causa paralela que tramita en instancia civil. “No se sabe bien qué pide el Estado“, cuestionó la empresa y la Justicia coincidió.

En la resolución, solo se declararon como verificados los créditos de una compañía de seguros, pero también se declararon admisibles los reclamos de otros 14 acreedores, entre los que destaca el Estado provincial en el planteo subsidiario por $43.918.519,45. En esa lista siguen la Municipalidad de la Capital (poco más de $102.000), otras dos compañías de seguros, tres obras sociales, dos gremios, un banco, dos particulares, el ex presidente de la empresa Benjamín Capdevila y la Administración de Rentas de la Provincia (aunque en este caso los créditos deben ser recalculados).

En contrapartida, se declararon inadmisibles los reclamos de la familia propietaria de la empresa, entre los que aparecen Guillermo Capdevila, Verona Stefanoff y la firma YUCUCO SA.

En los fundamentos de su resolución, la jueza puso de manifiesto una presentación de la empresa, que señaló que Estado provincial pretende tres montos de créditos diferentes basados en un cálculo unilateral. “No se sabe bien lo que pide, si la construcción de un nuevo estadio por la ruina total, si la reparación por ruina parcial, o el monto pretendido por daños y perjuicios“, señaló Capdevila.

En este sentido, la jueza consideró que el reclamo por casi $257 millones (la cifra exacta es de $256.906.155,81) para justificar la construcción de un nuevo estadio “resulta a todas luces incierto e improcedente”.

Para la jueza Delgado, declarar inadmisible ese reclamo es una solución “prudente y adecuada, que evita todo exceso proveniente de un reclamo carente de base causal sólida”. Es que, aunque el síndico recomendó que se hiciera lugar a ese crédito, la magistrada consideró que toda la documentación aportada “no puede asegurar la necesidad imperiosa de la construcción de un nuevo estadio”.

La presentación del Estado se basó en un presupuesto calculado por el Ministerio de Obras Públicas, y aunque la jueza sostiene que no pone en duda su veracidad, aquél constituye un elemento unilateral firmemente cuestionado por la empresa concursada, y el presupuesto aludido no resulta suficiente para verificar el crédito tan abultado.

“De los propios términos del reclamo surgen atisbos dubitativos del Estado, que solicitó dos montos a verificar, y tiene otro en sede civil. La variada postura torna aún más endeble su derecho al monto reclamado en primer término (el de $257 millones).

“La actitud vacilante del Estado al oscilar en su reclamo de extremo de la reparación parcial al de la construcción total conlleva a estar alerta frente a un eventual reclamo indebido que resulte un perjuicio del resto de los acreedores”, fundamentó la jueza. (El Ancasti)