03/10/2019

Argentina

escándalo

Testigos protegidas denunciaron a un agente del Programa que debía cuidarlas

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas el funcionamiento del Programa, a raíz de cuatro denuncias presentadas por mujeres. Una de ellas es testigo en el caso de los hermanos Ale en Tucumán.
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Testigos protegidas denunciaron a un agente del Programa que debía cuidarlas. Una fue clave en la condena de "La Chancha" y "El Mono" Ale en Tucumán.

La historia registró a tres mujeres que creían haber encontrado la seguridad para sus vidas al verse dentro de un programa de protección de testigos en diversos juicios y que finalmente se convirtieron en protagonistas de una pesadilla. La justicia argentina, por medio de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ordenó auditar el funcionamiento del Programa de Testigos perteneciente al Ministerio de Justicia, debido a tres denuncias por abusos y coacciones a uno de los agentes intervinientes.

La primera denuncia se destapó en 2017. Una joven se encontraba protegida bajo el programa después de presentarse como testigo en el juicio contra el clan de los hermanos Ale en Tucumán. Se trata del grupo delictivo cuyos cabecillas serían condenados luego en 2018 por el delito de lavado de dinero procedente de la trata de personas con fines de explotación sexual y narcotráfico.

La mujer, que se encontraba dentro del Programa de Protección desde el 2014, denunció en junio de 2017 que el agente que debía cuidarla a ella y a su familia se había transformado en una suerte de acosador y que no paraba de entrometerse en los asuntos íntimos de su vida.

La mujer denunció que el hombre intentó besarla en varias oportunidades, que asumió roles de cuidado de los hijos de ella que nadie le concedió y que buscaba cualquier motivo para pasar el tiempo con ella la mayor cantidad del tiempo posible.

A los pocos meses de realizar la denuncia y después de que no aparecieran cambios a la vista, decidió abandonar el programa y marcharse con sus hijos a un nuevo domicilio.

Fue así que la historia cayó en el despacho del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, el fiscal Sergio Rodríguez, quien se decidió a investigar el caso.

La situación tomó mayor preponderancia todavía en los meses siguientes, cuando el fiscal recibió las notificaciones de tres nuevas denuncias de mujeres, que también eran cuidadas por el Programa de Protección de Testigos, habían realizado nuevas denuncias contra el mismo agente, un hombre de 55 años.

Estos nuevos datos fueron aportados por representantes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). La entidad pública presentó al fiscal Rodríguez las otras tres denuncias penales, presentadas en los Juzgados Federales Nº 1 y Nº 9 de la Ciudad de Buenos Aires y en el Juzgado Federal de Mercedes.

En una de las denuncias, una de las mujeres acusaba al agente de haber obligado a una de sus hijas adolescentes a trabajar en un prostíbulo bajo la amenaza de llevarse a la otra hija, de 12 años, en caso de que la madre no accediera.

Como si fuera poco, una vez que la PIA recibió el legajo del agente denunciado, se detectaron más irregularidades: había sido contratado para el cargo no contenía estudios terciarios o cursos previos que le acreditaran la capacidad de desenvolverse en esa función. Además, se comprobó que todavía no se había iniciado ninguna investigación interna desde dentro del Ministerio de Justicia.

Por ende, además de solicitar la suspensión provisoria del agente, el fiscal Rodríguez también indicó que en la auditoría se analice el proceso de selección de los profesionales para ocupar esos cargos.




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