El fundador del boliche "Le Brique" considera un "error" abrir al día siguiente del asesinato

En medio de la conmoción por el crimen de Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de rugbiers en Villa Gesell, la actuación de los guardias de seguridad del boliche "Le Brique" fue puesta en tela de juicio y decenas de personas piden que la disco sea clausurada definitivamente.

El local bailable había funcionado los días siguientes al asesinato del joven de 19 años y apenas se había limitado a difundir un comunicado. Allí expresaron que lamentaban “profundamente el hecho trágico sucedido en la madrugada del día 18.01.2020 en la cercanía de nuestro local” y que “repudian” todo tipo de acto de violencia.

"Quizá fue un error abrir al otro día", dijo en declaraciones a C5N, Maximiliano Vázquez, fundador de Le Brique.

Vázquez señaló además que la seguridad del local bailable cumplió con el protocolo establecido y sacó a los dos grupos de amigos por puertas diferentes para evitar un conflicto.

En ese momento, se acercaron cuatro policías que, según el empresario, los alejaron de la entrada del boliche en dirección opuesta a donde estaban los amigos del joven asesinado.

"Al grupo de rugbiers lo agarró la policía y lo llevó por la avenida 3 hacia Buenos Aires", precisó el empresario.

Después aclaró que a "Fernando se le rasgó la remera en los empujones" y le pidieron salir del lugar. "Los chicos no pueden quedar en cuero en la discoteca, son normas", dijo el empresario. "Si Fernando se hubiese quedado adentro o se hubiera ido a su casa no estaríamos discutiendo sobre su muerte", dijo.

En ese sentido Vázquez aseguró que "faltaba más presencia policial". "Ellos esperaron que la policía se fuera para ir a buscar a Fernando", dijo. Y agregó: "Era un grupo de violentos".

Además, antes de atacar a Fernando el grupo de rugbiers pasó por un supermercado chino, donde fueron captados por las cámaras de seguridad. Esas imágenes se sumarían a la demostración de que los jóvenes tuvieron tiempo para premeditar el crimen, lo que implica que no podrían justificar el homicidio por haber actuado bajo un estado de emoción violenta.

En caso de quedar esto acreditado, el fiscal podría pedir una pena máxima de prisión perpetua.