13/02/2020

Argentina

negociados

Allanan empresas de peajes vinculadas a Mauricio Macri y a Florentino Pérez

Investigan irregularidades en convenios y contratos firmados con el gobierno macrista que significaron pérdidas de cientos de millones de dólares al estado argentino.
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Allanan empresas de peajes vinculadas a Mauricio Macri y a Florentino Pérez

Las empresas concesionarias de la Panamericana y el Acceso Oeste fueron allanadas este jueves por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral, que investiga un presunto negociado detrás de los acuerdos que firmaron con el gobierno de Mauricio Macri.

Las compañías habían desistido demandas ante el CIADI tras una negociación con la gestión del macrismo pero el juez federal Canicoba Corral investiga si hubo irregularidades en esas operaciones.

El juez también dispuso un procedimiento en las oficinas de la empresa Natal Sociedad Anónima, la firma a la que SOCMA, de la familia Macri le vendió sus acciones.

En el caso de Autopistas del Sol, el gobierno anterior negoció una extensión de la concesión hasta 2030 y un pago de USD 499 millones en concepto de “inversión efectuada no amortizada” a cambio de que Albertis S.A, la española controlante de Ausol, retirara la demanda ante el tribunal internacional. Albertis y Sideco (compañía de los Macri) fueron socias en la Panamericana hasta 2017.

De acuerdo a los denunciantes, las irregularidades comenzaron el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Cambiemos en el poder. Ese día, Albertis presentó un reclamo por USD 1.100 millones. Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripolli, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las  irregularidades.

Por su parte, Macri admitió su relación con la firma española -cuya cara visible es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez- al negarse a firmar el decreto donde se acordó la renovación, que finalmente fue rubricado por la ex vicepresidenta, Gabriela Michetti, en virtud de una recomendación de la entonces titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, para evitar “un conflicto de intereses”.



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