02/04/2020

Argentina

pandemia

Un beneficio para los presos genera polémica durante la cuarentena obligatoria

La pandemia y la prohibición de recibir visitas llevó a la Justicia a tomar medidas.

Este jueve, el juez del Tribunal Oral de Necochea y director de la Asociación Pensamiento Penal,Mario Juliano, utilizó las redes sociales para anunciar que habilitará el uso de la telefonía celular a los presos de Tucumán mientras se extienda la pandemia de Coronavirus que obligó a suspender la suspensión de visitas en las cárceles.


Con esta medida, el Jardín de la República se suma a Buenos Aires, Chubut y Mendoza como los distritos que habilitaron este beneficio para los reos.


"Tengo el grato placer de anunciar que Tucumán es la cuarta provincia, luego de Buenos Aires, Chubut y Mendoza, en habilitar el uso de la telefonía celular a las personas privadas de la libertad, mientras dure la pandemia y la suspensión de las visitas de familiares", señaló Juliano.


"Finalizada la emergencia sanitaria los Servicios Penitenciarios deberán evaluar, de modo objetivo y estadístico, las ventajas y desventajas observadas durante la experiencia para evaluar la continuidad de la habilitación. Me anticipo a señalar que, mal que nos pese y como ocurre en el mundo libre, habrá personas que harán un uso indebido de sus celulares. El tema será establecer cuál es el porcentaje de personas que hicieron un uso indebido sobre las que honraron el derecho a la comunicación legal", alertó.


Por último, señaló "que de ninguna manera se superará el 1% de personas que emplearán sus teléfonos celulares para un uso ilícito. La cuestión será si por ese 1% (o menos) se privará al otro 99% de una vía tan esencial para relacionarse con el mundo exterior".


El “Protocolo para el uso de telefonía celular por personas privadas de la libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense”, que se espera similar al que se aplicará en Tucumá, explica que busca facilitar a los personas privadas de su libertad el contacto con sus familiares y afectos; su desarrollo educativo y cultural; y el acceso a información relativa a su situación procesal.





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