22/01/2021

Argentina

RECLAMO

Luis Naidenoff y Mario Negri presentaron una medida cautelar por las denuncias contra los centros de aislamiento de COVID-19 en Formosa

Lo hicieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El conflicto en Formosa por las denuncias de abusos y violación de los derechos humanos en Formosa a raíz de las medidas sanitarias por el COVID-19 avanza hacia al ámbito internacional. Los presidentes de los bloques legislativos de la UCR, Luis Naidenoff (Senado) y Mario Negri (Diputados) presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se frenen los “aislamientos compulsivos” en los centros especiales ubicados para los casos sospechosos y confirmados de coronavirus.
La solicitud de intervención de los dirigentes de Juntos por el Cambio al tribunal internacional se produjo luego de que se agravara la detención de las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, quienes habían denunciado al gobernador Gildo Insfrán por las “condiciones inhumanas” en los centro de aislamiento de Formosa, entre ellos el estado Cincuentenario de la capital provincial.
En una presentación de carácter colectivo, legisladores del radicalismo plantearon que se revierta la situación de las personas que permanecen aisladas en la provincia de Formosa e indicaron que la población afectada por esas medidas sanitarias puedan realizar la cuarentena en sus domicilios personales.
Según describieron, en sintonía con los testimonios de abusos de formoseños afectados, los centros de aislamiento “no cumplen con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y confort, además de no realizar un efectivo aislamiento entre pacientes contagiados y contactos estrechos que podrían no estar contagiados, lo que facilita el contagio de esta enfermedad potencialmente mortal”.
Además, los legisladores sostuvieron que con este tipo de dispositivos sanitarios se vulneran los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la libertad personal, a la privacidad y los derechos del paciente, además de conculcarse la libertad de circulación y residencia.
Por lo tanto, la medida cautelar apunta no solo a que se frenen las decisiones del gobierno de Formosa que puedan resultar lesivas de los derechos humanos de y se corrijan las medidas sanitarias, sino que intervenga la CIDH en la provincia para constatar las denuncias de la población y los casos de violencia institucional registrados, entre otras acciones.

El conflicto en Formosa por las denuncias de abusos y violación de los derechos humanos en Formosa a raíz de las medidas sanitarias por el COVID-19 avanza hacia al ámbito internacional.

Los presidentes de los bloques legislativos de la UCR, Luis Naidenoff (Senado) y Mario Negri (Diputados) presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se frenen los “aislamientos compulsivos” en los centros especiales ubicados para los casos sospechosos y confirmados de coronavirus.

La solicitud de intervención de los dirigentes de Juntos por el Cambio al tribunal internacional se produjo luego de que se agravara la detención de las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, quienes habían denunciado al gobernador Gildo Insfrán por las “condiciones inhumanas” en los centros de aislamiento de Formosa, entre ellos el estado Cincuentenario de la capital provincial.

En una presentación de carácter colectivo, legisladores del radicalismo plantearon que se revierta la situación de las personas que permanecen aisladas en la provincia de Formosa e indicaron que la población afectada por esas medidas sanitarias puedan realizar la cuarentena en sus domicilios personales.

Según describieron, en sintonía con los testimonios de abusos de formoseños afectados, los centros de aislamiento “no cumplen con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y confort, además de no realizar un efectivo aislamiento entre pacientes contagiados y contactos estrechos que podrían no estar contagiados, lo que facilita el contagio de esta enfermedad potencialmente mortal”.

Además, los legisladores sostuvieron que con este tipo de dispositivos sanitarios se vulneran los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la libertad personal, a la privacidad y los derechos del paciente, además de conculcarse la libertad de circulación y residencia.

Por lo tanto, la medida cautelar apunta no solo a que se frenen las decisiones del gobierno de Formosa que puedan resultar lesivas de los derechos humanos de y se corrijan las medidas sanitarias, sino que intervenga la CIDH en la provincia para constatar las denuncias de la población y los casos de violencia institucional registrados, entre otras acciones.


Los planteos de la oposición ante la CIDH:

1 – El cese inmediato todo acto, hecho u omisión “reputados lesivos de derechos fundamentales”.

2 - Se ordene a la provincia de Formosa que se abstenga de alojar de manera compulsiva a las personas COVID-19 positivas o a sus contactos estrechos en los centros de aislamiento, y que se disponga del aislamiento de estas personas en sus domicilios.

3 - Se constate in situ las condiciones de aislamiento de las personas alojadas en los centros de aislamiento de la provincia de Formosa, a fin de determinar la existencia de la vulneración de sus derechos humanos o de existencia de violencia institucional.

4 - Se proteja a las personas aisladas de manera tal que el ejercicio de sus derechos a través de esta presentación no les genere inconvenientes laborales, y que las autoridades provinciales se abstengan de realizar acciones estigmatizantes.

5 –Que el Estado argentino garantice el acceso a asesoramiento jurídico y la asistencia psico-social a víctimas de las violaciones a los derechos humanos.

6 -Oportunamente, que se dispongan las medidas necesarias a fin de que se corrijan las condiciones en que se cumplen las medidas sanitarias de aislamiento sanitario en Formosa.





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