16/07/2022

Argentina

SISTEMA

La Procuración porteña impugnó las conclusiones de un peritaje de la PSA

La Procuración de la Ciudad de Buenos Aires impugnó las conclusiones de un peritaje

La Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires impugnó las conclusiones de un informe pericial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que se entregó en el caso que investiga supuestas irregularidades en el uso del Sistema de Reconocimiento Facial de Refugiados (SRPF) por parte del Gobierno porteño.

“Vengo a impugnar las conclusiones del informe pericial realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria a solicitud del presente Tribunal, reservándome el derecho de ampliarlo, en vista de las circunstancias particulares del caso”, dijo en un dictamen Roque Matías Di Biase, abogado de la Fiscalía General de la Nación porteña.

Para el Ministerio Público de Caba, “las conclusiones a las que se llega en el informe pericial son gravemente erróneas y no reflejan en modo alguno la complejidad de las operaciones de análisis de datos personales en las que se basa el Sistema de Reconocimiento Facial de Refugiados (SRFP), por lo que Lo desafío".

Ayer, el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (Cels) emitió un comunicado en el que informó que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) "decidió destituir al juez que intervino en el caso en el que se cuestiona la constitucionalidad del SRFP". discutido (...) luego de que se revelara el resultado de una pericia que revela el uso ilegal del sistema de reconocimiento facial en la ciudad”.

El texto destacó que el apartamento fue entregado "apenas dos días después del resultado de un peritaje que reveló el uso ilegal del sistema de reconocimiento facial en la ciudad" y que la recusación, rechazada en instancias anteriores, "había sido solicitada por el Gobierno de Buenos Aires". Aires.

El resultado del peritaje fue revelado ayer por Télam en un artículo en el que dio cuenta de la denuncia interpuesta por el juez Gallardo ante el juzgado federal con sede en la Ciudad de Buenos Aires para investigar posibles violaciones a la ley de inteligencia.

La denuncia fue interpuesta ayer por el magistrado tras conocer la noticia de su apartamento y recayó, por sorteo, ante el juzgado federal 4, a cargo de Ariel Lijo.

El informe pericial realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria “reporta que 8.045 personas que fueron cargadas en el sistema no están en la Conarc y no se ha accedido a esa cantidad de órdenes judiciales”.

“El manejo de datos personales tiene irregularidades que aún no han sido aclaradas: el perito detecta un conjunto de 356 registros que fueron ingresados, buscados y luego borrados manualmente y, además, que muchas de las acciones no son rastreables porque se realizan con usuarios genéricos y ni siquiera es posible detectar cuál de esos usuarios borró los datos”, indicó.

Sin embargo, la Procuraduría presenta la impugnación del informe aclarando que este trámite no implica “consentir todo lo realizado hasta el momento, que a juicio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es nulo en virtud de la sentencia de la Corte Superior de Justicia y ser tratados y, en

en consecuencia, de medidas que no fueron adoptadas por el juez natural”.

“Estamos ante un claro error de procedimiento que se traslada al nivel de los resultados. Para realizar un correcto análisis no bastaba comparar solo los datos correspondientes a las dos fechas extremas (…) sino que, para ese mismo rango de fechas, debía partir de un listado único que contuviera todos los DNI existentes en la base de la Conarc, recolectados diariamente, que es la forma en que se ponen a disposición del público”, objeta la Procuraduría.

Y en ese sentido, destaca el dictamen: “existen graves deficiencias en torno a los procedimientos técnicos aplicados para la elaboración del informe, lo que se traduce en un análisis al menos distorsionado y con claros signos de inconsistencia en torno a los datos utilizados”.





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