Alberto Fernández se une a otros líderes políticos en la denuncia de "lawfare" en Chile

El presidente argentino, Alberto Fernández, se sumó al comunicado del Grupo de Puebla en apoyo al ex candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami, quien enfrenta una denuncia penal por financiamiento ilegal de la política. 

En el comunicado, se critica la inadmisibilidad de la persecución política a través del "lawfare". Aunque esta acción generó tensiones diplomáticas con el gobierno de Gabriel Boric, el presidente chileno mantuvo una postura de respeto a las instituciones y expresó su desacuerdo con la crítica hacia el sistema judicial de su país. 

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A pesar de la postura del Grupo de Puebla, la canciller chilena Antonia Urrejola calificó de "improcedentes" las críticas y aseguró que esto no afectará las relaciones bilaterales entre Chile y Argentina.

Improcedente

La canciller chilena, Antonia Urrejola, ha declarado que considera "absolutamente improcedentes" las críticas del Grupo de Puebla hacia el sistema judicial de Chile en relación al caso de Marco Enríquez-Ominami. 

Urrejola ha asegurado que el gobierno de Boric no solo respeta, sino que protege la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público. La Fiscalía chilena también reafirmó su "carácter profesional y objetivo" y su "estricto apego a la constitución y las leyes". 

La carta del Grupo de Puebla fue suscrita por varios políticos, diplomáticos e intelectuales, incluyendo al presidente argentino Alberto Fernández, y caracterizó el proceso judicial contra Enríquez-Ominami como una persecución política llevada a cabo por fiscales ligados al ex presidente Piñera.

Durante los últimos ocho años, Enríquez-Ominami ha negado las acusaciones y ha pedido un juicio justo con jueces imparciales.

El Grupo de Puebla emitió un comunicado en solidaridad con Marco Enríquez-Ominami, líder del Partido Progresista chileno, quien se encuentra acusado de financiación ilegal de la política y cuyo juicio se ha retrasado durante ocho años.

Según el grupo, este retraso es una forma de "lawfare", que busca "perseguir dirigentes progresistas" y dañar su reputación. 

El proceso legal de Ominami se relaciona con la empresa SQM, controlada por el ex yerno del dictador Augusto Pinochet. El comunicado también señala que, aunque el juicio finalmente comenzó, hay obstáculos que podrían afectar el debido proceso.