El Gobierno anunció que las tarifas de las prepagas volverán a los valores de diciembre de 2023

El Gobierno de Javier Milei ha decidido que las compañías de medicina prepaga retrotraigan el valor de las cuotas a diciembre y lo ajusten conforme a la inflación. Además, ha presentado una medida cautelar en la Justicia para que devuelvan cualquier exceso cobrado sobre el IPC medido por el Indec desde que se desreguló el sistema.

"Por instrucciones del Ministerio de Economía, un conjunto de empresas de medicina privada, que representa casi el 75% de los afiliados, reducirá el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustándolas por IPC a partir de ese momento", afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni.

"A partir de ahora, estas compañías deberán aplicar como máximo el índice de precios al consumidor para calcular las cuotas durante estos seis meses. Esto surge como resultado de una medida cautelar a raíz de una denuncia por presunta cartelización", agregó, subrayando que "el gobierno del presidente Javier Milei no tolerará prácticas especulativas bajo ninguna circunstancia. La Argentina de la viveza criolla quedó en el pasado el 10 de diciembre".

El portavoz informó que la Superintendencia de Servicios de Salud ha presentado "una medida cautelar ante la Justicia para obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado a retrotraer y reembolsar el monto cobrado por encima de la inflación desde diciembre hasta la fecha". Aclaró que el organismo "no fija precios, pero sí busca garantizar la libre competencia y la libertad de elección en beneficio de los argentinos".

Adorni afirmó que las empresas que no estén de acuerdo con la medida tienen la posibilidad de apelar, pero sostuvo que "la apelación no suspende la medida".

"Esta medida es de aplicación inmediata. Las cuotas que lleguen a los afiliados deben retrotraerse a diciembre de 2023, (ajustadas) por el IPC hasta el momento actual, y luego se determinará la cuota a pagar", aclaró. "Creemos que esto supondrá una reducción considerable en comparación con lo que pagaron este mes de abril", añadió.

"También es importante aclarar que existe una presunción de cartelización. Cuando esta presunción se confirma y puede tener un impacto significativo en el orden público, como en este caso que afecta a millones de argentinos, se dicta esta medida cautelar para evitar que el daño continúe", agregó Adorni. "Si no hubo cartelización, lo demostrarán y, en ese caso, la Justicia o las autoridades encargadas de la investigación administrativa tomarán las medidas necesarias".

En este enfrentamiento oficial, buscan detener la decisión de los empresarios, con Claudio Belocopitt y la Unión Argentina de la Salud a la cabeza, de aumentar amparados en el decreto de necesidad y urgencia 70/2024, que permitió los fuertes incrementos.