03/04/2016

Argentina

Citan a declarar a dos ex funcionarios acusados por la triple fuga de General Alvear

Se trata de el ex subsecretario de Política Criminal, César Albarracín, y a ex jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense, María Florencia Piermarini.
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Varios funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense están acusados de facilitar el escape de los hermanos Lanatta y Schillaci.

César Albarracín, ex subsecretario de Política Crimina, y la ex jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense, María Florencia Piermarini, fueron citados a declarar en la causa por le triple fuga del penal de Alvear. Los ex funcionarios están acusados de facilitar el escape de Martín Lanatta, Cristian Lanatta y Víctor Schilacci.

La decisión de llamar a declarar a los ex funcionarios fue del fiscal de Azul Cristian Citterio. Días atrás, se le hizo una presentación en la que se los denunciaba, realizada por el abogado Héctor Flores, defensor del ex director de esa cárcel, Manuel Guebara; de la alcaide Raquel Godoy y del cabo Ezequiel Dos Santos, pasados a disponibilidad tras la fuga.

En la denuncia, Flores pidió que se investigue no sólo a Albarracín y a Piermarini, sino también al ex Director General de Coordinación Claudio Cardo, al ex Director General de Seguridad Marcelo Rotger y al ex Jefe del Complejo Zona Centro, Jorge Bolo.

Les imputa los delitos de "desobediencia a una orden judicial, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y favorecimiento de evasión".

Para Flores, los funcionarios públicos mencionados "en forma abusiva, crearon las condiciones necesarias para que se libere la zona", y así dejaron un escenario propicio para la evasión del penal de máxima seguridad.

El hecho más grave que se denuncia es que el 15 de octubre, alrededor de dos meses y medio antes de la fuga, Albarracín se presentó en la cárcel de Alvear y ordenó al director (Guebara) retirar una cámara que monitoreaba a los tres presos en el sector de Sanidad.

Esto surge de la declaración que prestó Guebara en el sumario administrativo abierto en el Servicio Penitenciario Bonaerense tras la fuga y que fue aportada a la causa.

Guebara afirmó que como en el penal no había cámaras, un empleado aportó una propia para filmar y grabar a los Lanatta y a Schillaci, lo cual se realizó desde el 5 de agosto hasta el 15 de octubre, cuando Albarracín concurrió al penal.

Según el director, ese día, en presencia del jefe del complejo, Albarracín "habló de las directivas, de que era algo político que restringiera las visitas y le pidió que saque la cámara, que se la iba a llevar y no le dio motivos".

Guebara dijo que era "inédito" que fuera el subsecretario a bajar lineamientos sobre estos internos a la unidad y que tras las elecciones presidenciales del 25 de octubre, se comunicó la jefa del SPB y le dijo que no filmara nunca más porque "no servía".

Por eso, poco después llegó por correo la cámara aportada por el empleado y le fue devuelta.

Pero según el letrado, todo comenzó el 5 de agosto, cuando las autoridades del penal fueron "desplazadas" por los funcionarios políticos y penitenciarios mencionados, quienes resolvieron que los tres internos fueran al sector de Sanidad contra su voluntad.

Esto sucedió tres días después de que Martín Lanatta diera una entrevista televisiva en la que vinculó al entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, con el triple crimen de General Rodríguez y el tráfico de efedrina.

Además, según la denuncia, se desobedeció la orden de la jueza de Ejecución Penal 1 de Mercedes, Marcela Otermin, que había dispuesto su alojamiento en otro sector teniendo en cuenta el antecedente del intento de fuga de los presos, en 2013, del penal de Sierra Chica.

Esta decisión dejó a los presos a cien metros de la salida de la prisión, cuando antes se encontraban a mil metros, destacó Flores, quien sostuvo que Piermarini "forzó" esta situación pese a que los presos querían quedarse donde estaban porque ya se habían habituado.

Otra irregularidad denunciada es que antes de la fuga se retiró a oficiales alcaides mayores de la custodia del sector de Sanidad por orden de Bolo, jefe del complejo, con el argumento de que "dado que habían pasado las elecciones no tenía mucho sentido".



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