29/01/2018

Tucumán

Las chicas trans marcharán en contra de los ataques y por el cupo laboral

Los recientes ataques parecen estar vinculados a una lucha por el dominio del negocio de la prostitución en las calles de San Miguel de Tucumán. La Justicia ya tiene en la mira a un grupo de personas que podrían estar vinculadas.
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Marcharán en contrar de la violencia y por la inclusión laboral de las chicas trans.

El domingo 15, Natasha Banegas fue atacada en San Lorenzo y Moreno por dos hombres que circulaban en moto. La joven recibió cinco disparos en sus piernas y hasta ahora sigue internada en el Centro de Salud.

Una semana después, Jorgelina Salazar terminó en el mismo hospital luego de haber sido apaleada por un taxista en la zona del parque 9 de Julio.

Los investigadores aún no pudieron confirmar que ambos hechos estén vinculados, pero creen que en las calles se está dirimiendo el conflicto. Y esa guerra se desató luego de que la “madama” que manejaba todo, una mujer trans conocida como Luisa, quedó detenida en agosto, acusada de integrar una organización que reclutaba trans de todo el país para enviarlas a ejercer la prostitución en Europa. Antes de partir a ese continente, eran operadas por un prestigioso cirujano rosarino que también quedó tras las rejas.

Banegas y otras compañeras se unieron para resistirse a entregar dinero para realizar su trabajo. Incluso hubo una pelea el sábado, en un boliche ubicado en Rivadavia al 1.300. Allí a Natasha le avisaron que le harían daño cuando la vieran en la calle. Horas después se concretaron las amenazas.

Se estima que por lo menos existen unas 120 chicas trans que venden sus cuerpos sólo en la capital. Entonces, si todas les llegaran a pagar, los proxenetas podrían llegar a recaudar hasta $60.000 por semana. Mensualmente, el ingreso ascendería a unos $240.000 y anualmente, oscilaría en los $3 millones.

Rolando Singh es propietario de un bar en la zona de El Bajo. Desde hace bastante tiempo acompaña a Banegas y a otras mujeres en su lucha contra la discriminación y el mal trato. “Dicen que son dos los grupos, pero no la tenemos bien en claro. Lo único cierto es que les quitan esa suma de dinero y a veces les piden una comisión de lo que recaudan por vender su cuerpo”, destacó.

Dijo además que las víctimas de estos proxenetas son obligadas a comercializar droga. “Les entregan una bolsita con distintas sustancias para que se las vendan a sus clientes. Lo más grave del caso es que muchas chicas no se animan a hacerlo porque saben que están cometiendo un delito y esas personas les exigen que les paguen con el poco dinero que recaudan”, indicó.

Hay dos grupos de trabajadoras sexuales, según afirman los investigadores. Uno se instala en la zona del parque 9 de Julio y el otro tiene paradas en diferentes sectores como la avenida Adolfo de la Vega y las calles San Lorenzo y Crisóstomo Álvarez, muy cerca de El Bajo.

“Ellas siempre están siendo vigiladas por una o dos personas que se desplazan en motos o en vehículos. Las están persiguiendo para que les paguen y, si no lo hacen, les quitan las pocas pertenencias que tienen o las lastiman, como le pasó a Natasha”, comentó Singh.

El comisario Marcelo Sallas, jefe de Delitos contra las Personas, confirmó que avanzan en la investigación de ambos casos. “No fue sencillo porque nos encontramos con personas que tienen mucho miedo de sufrir represalias por lo que denuncien. Nos costó, pero logramos romper ese manto de silencio”, explicó.

El investigador confirmó la existencia de esa batalla por el dominio en las calles. “Necesitamos que todas aporten la mayor cantidad de pruebas para que podamos acabar con esta situación. Por eso esperamos que se presenten en nuestra base de Junín al 800 para que puedan aportar más pruebas. Les damos todas las garantías de confindencialidad y de seguridad”, concluyó.

A la vez, las mujeres trans volverán a marchar por trabajo. También solicitarán que se cree un refugio para poder insertarse laboralmente.

Singh explicó que “Hubo una reunión para definir varios temas. Estamos organizando una marcha para la próxima semana para reclamar varios puntos. No sólo pretendemos exigir justicia por Natasha (Banegas), sino para que se respeten los derechos de las chicas trans en esta provincia”

El comerciante indicó que pretenden que la protesta tenga dos ejes centrales: que se apruebe la Ley de Cupo Laboral en la Legislatura y exigir justicia por todas las mujeres que perdieron la vida en los últimos tiempos. En esa lista figuran Ayelen Gómez (que habría víctima de un homicidio en ocasión de robo) y de Lourdes Anahí Reynoso, que fue ultimada en Río Nío por Julio Paladini, su ex pareja.

“De esta manifestación participará toda la comunidad LGBT (Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans) para que desde el Gobierno se les brinde contención. Las que están en la calle necesitan un refugio para tener una mayor inserción laboral”, comentó.

Singh explicó que en el país hay 14 provincias que cuentan con medidas de protección para estas ciudadanas y puso como ejemplo que en Córdoba hace bastante tiempo funciona una oficina de Diversidad Sexual. “Necesitamos de un ámbito para expresar todos nuestros problemas”, indicó.

Marcia Daniela Albornoz, licenciada en trabajo social estimó que en nuestra provincia el 80% de la población trans es trabajadora sexual; el 60% no terminó los estudios primarios; entre el 20% y el 30% terminó la secundaria; y sólo un 3% está incorporado al mercado laboral de manera registrada.

Ante ese panorama, los legisladores radicales José María Canelada y Adela Estofán de Terraf recordaron que habían trabajado sobre un proyecto que involucre a la comunidad trans. La iniciativa, que ya cuenta con el dictamen de la comisión de Legislación Social, establece un cupo no inferior al 1% para que personas travestis, transexuales y transgénero -con idoneidad para el cargo- puedan trabajar en los tres poderes de la administración pública provincial y en sus organismos centralizados y descentralizados. Ese porcentaje, se advierte, debe ser aplicado en la planta de personal permanente, temporario y transitorio, y en cualquier otra modalidad de contratación. Pero hasta el momento, ese proyecto no llegó al recinto.





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