“La gente no puede pagar más aumentos de la electricidad”
El gobernador fustigó los reajustes en las tarifas autorizados por el Ejecutivo nacional En los próximos días, Manzur deberá definir si seguirá vigente el sistema de tarifa social que cuenta con 165.000 beneficiarios.
Hace 10 Hs 82 65
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POSTURA. Manzur dijo que el PJ es el partido que puede frenar el ajuste. twitter @JuanManzurOK
El incremento en las tarifas de algunos servicios sigue siendo el foco de enfrentamiento entre el Gobierno tucumano y la Casa Rosada. La Secretaría de Energía de la Nación estableció que la garrafa social de gas pasó a costar $ 295 a partir de ayer, lo que supone un aumento de 37% para el tubo de 10 kilogramos, que, hasta el mes pasado, valía $ 216 incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, rige un nuevo incremento en la tarifa del servicio de electricidad que, en el caso de Tucumán rondará entre el 20% y el 25%, de acuerdo con la categoría de los usuarios.
“La gente no puede pagar más aumentos de la luz y ahora de nuevo aumenta la garrafa. La política económica a nivel nacional está equivocada. Por decisiones como estas hay cada vez hay más gente pobre”, manifestó ayer el gobernador Juan Manzur, cuando se le consultó acerca de los incrementos que se produjeron al iniciarse el segundo mes del año.
El mandatario puntualizó que los aumentos golpean a toda la sociedad, pero con mayor fuerza a los sectores socioeconómicos más vulnerables. “Una garrafa de 10 kilos les cuesta más de $ 300, $ 330 o $ 350 y les dura de 10 a 12 días a una familia. Es difícil la situación para ellos. Todos estos aumentos son del Gobierno nacional”, remarcó Manzur. Y aprovechó la oportunidad para marcar las diferencias políticas y electorales con la gestión del presidente Mauricio Macri. “El único espacio político a nivel nacional que puede frenar el ajuste es el peronismo”, indicó.
El Gobierno nacional ha decidido retocar el valor de algunas tarifas hasta antes de mayo, como una manera de acomodar los valores a la realidad inflacionaria nacional. La proyección no es casual. El año electoral condiciona la toma de cualquier tipo de medidas que pueda significar un cambio en el humor del electorado. El Gobierno nacional especula con que a partir del segundo trimestre de este año, la economía mostrará un cambio, con índices que se irán estabilizando.
La erogación extra
En lo que se refiere a la distribución de la energía eléctrica, la materia pendiente que tiene la provincia es qué hará con la tarifa social. De acuerdo con los cálculos oficiales, alrededor de 165.000 clientes residenciales sobre un total de 500.000 usuarios en toda la provincia gozaban de ese beneficio hasta fines del año pasado. A partir del primer día de este año, la Provincia es la que debe hacerse cargo de esa situación, por efecto del Consenso Social firmado entre la Nación y las provincias.
Mientras la Secretaría de Energía de la Nación le recordó a las administraciones provinciales el texto del acuerdo fiscal, los gobernadores como el tucumano Manzur consideran que el sostenimiento de la tarifa social implicará un esfuerzo presupuestario millonario. Ante la consulta de LA GACETA, el propio gobernador admitió que en los próximos días deberá tomar una decisión al respecto.
Sobre esta cuestión hay algunos aspectos que obligan a la Provincia a adoptar un criterio con rapidez. Por un lado, los beneficiarios del sistema observarán un reajuste, que puede llegar hasta el 50%, en las boletas correspondientes a enero, ya que no rige el beneficio. Por el otro, el reclamo de distintas organizaciones para que se sostenga la tarifa social.
El Gobierno provincial contesta que la decisión se adoptará una vez que se depure el padrón de beneficiarios, que puede terminar en unos 110.000 casos.
Paralelamente, el Ministerio de Economía debe formular una propuesta firme acerca del costo para el sostenimiento del beneficio. Las primeras estimaciones de esa área del Poder Ejecutivo sostenían que el esfuerzo fiscal que debería realizarse oscilaría entre los $ 65 millones y los $ 100 millones mensuales.
Un nuevo incremento en las tarifas de algunos servicios desata enfrentamientos entre el Gobierno tucumano y la Casa Rosada. Ahora la Secretaría de Energía de la Nación estableció que la garrafa social de gas pasó a costar $ 295 a partir de este viernes, lo que supone un aumento de 37% para el tubo de 10 kilogramos, que, hasta el mes pasado, valía $ 216 incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Además, rige un nuevo incremento en la tarifa del servicio de electricidad que, en el caso de Tucumán rondará entre el 20% y el 25%, de acuerdo con la categoría de los usuarios.
“La gente no puede pagar más aumentos de la luz y ahora de nuevo aumenta la garrafa. La política económica a nivel nacional está equivocada. Por decisiones como estas hay cada vez más gente pobre”, manifestó el gobernador Juan Manzur, cuando se le consultó acerca de los incrementos que se produjeron al iniciarse el segundo mes del año.
El mandatario puntualizó que los aumentos golpean a toda la sociedad, pero con mayor fuerza a los sectores socioeconómicos más vulnerables. “Una garrafa de 10 kilos les cuesta más de $ 300, $ 330 o $ 350 y les dura de 10 a 12 días a una familia. Es difícil la situación para ellos. Todos estos aumentos son del Gobierno nacional”, remarcó Manzur. Y aprovechó la oportunidad para marcar las diferencias políticas y electorales con la gestión del presidente Mauricio Macri. “El único espacio político a nivel nacional que puede frenar el ajuste es el peronismo”, indicó.
En lo que se refiere a la distribución de la energía eléctrica, la materia pendiente que tiene la provincia es qué hará con la tarifa social. De acuerdo con los cálculos oficiales, alrededor de 165.000 clientes residenciales sobre un total de 500.000 usuarios en toda la provincia gozaban de ese beneficio hasta fines del año pasado. A partir del primer día de este año, la Provincia es la que debe hacerse cargo de esa situación, por efecto del Consenso Social firmado entre la Nación y las provincias.
Mientras la Secretaría de Energía de la Nación le recordó a las administraciones provinciales el texto del acuerdo fiscal, los gobernadores como Manzur consideran que el sostenimiento de la tarifa social implicará un esfuerzo presupuestario millonario. El propio gobernador admitió que en los próximos días deberá tomar una decisión al respecto en diálogo con La Gaceta.
La decisión se adoptará una vez que se depure el padrón de beneficiarios, que puede terminar en unos 110.000 casos.
Paralelamente, el Ministerio de Economía debe formular una propuesta firme acerca del costo para el sostenimiento del beneficio. Las primeras estimaciones de esa área del Poder Ejecutivo sostenían que el esfuerzo fiscal que debería realizarse oscilaría entre los $ 65 millones y los $ 100 millones mensuales.
