Caso Fernado Báez Sosa: a dos de los acusados les sacaron los celulares por usar redes sociales

El Servicio Penitenciario secuestró los celulares a Blas Cinalli y Enzo Comelli, dos de los acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Eso generó una gran polémica sobre el uso de dispositivos móviles en contexto de encierro. 

Estos dos acusados habrían estado manejando desde la cárcel una cuenta de Instagram para defenderse. Durante la pandemia, la utilización de teléfonos móviles en las cárceles de la provincia de Buenos Aires fue habilitada.

El motivo es que los reclusos no podían recibir visitas de sus familiares ni asistencia de sus abogados para minimizar el contagio de coronavirus. La Justicia dispuso que podrían utilizar estos dispositivos para mantenerse comunicados.

Sin embargo, este caso ha generado una discusión sobre los límites del uso de los teléfonos móviles en las cárceles. La comunicación es un derecho fundamental que una persona no pierde al momento de ingresar a una cárcel como privada de la libertad, al igual que lo son la salud, la educación y el trato digno. Es importante encontrar un equilibrio entre garantizar estos derechos y mantener la seguridad en las cárceles.

Por eso, las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos justificaron que la prohibición de teléfonos móviles en plena cuarentena anulaba “toda posibilidad de contacto de los internos con sus familiares”. 

El protocolo normativo entró en vigencia en marzo de 2020, en el cual se estableció un registro de celulares que identifica a cada usuario, delimita los ámbitos habilitados para el uso del celular y prohíbe las redes sociales, salvo por Whatsapp, ya que se trata de un servicio de mensajería instantánea.

Esta decisión fue cuestionada por la sociedad. Incluso, diputados de Juntos presentaron un proyecto en la Legislatura bonaerense para prohibir nuevamente este beneficio. 

Los legisladores argumentan su proyecto en que en los últimos meses crecieron los delitos telefónicos, las estafas y las extorsiones, delitos que habitualmente se realizan desde las cárceles bonaerenses.

Sin embargo, en el SPB aseguraron que ese dato no es verdad y que, desde que se otorgó ese permiso, “se redujo la cantidad de delitos cometidos originados en las cárceles de la provincia de Buenos Aires”.

De qué se los acusa a los rugbiers

En el foco de la justicia está la cuenta @rugbiers.zarate, que tenía más de 5.500 seguidores y ya fue suspendida. La cuenta no tenía publicaciones realizadas en su feed, pero sí muchas historias destacadas en las que se replicaban comentarios y opiniones que defienden a los acusados.

Investigan si Blas Cinalli y Enzo Comelli la manejaban desde la cárcel. “Basta de condena social. Basta de mentiras. Basta de violencia. Basta de odio”, se podía leer en la biografía de la cuenta que fue cerrada horas después del secuestro de celulares.

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“Yo los banco a los chicos... todos merecemos una segunda oportunidad”, decía uno de los mensajes al que le dieron “me gusta”. 

“No creo que con cadena perpetua aprendamos y además tampoco creo que los padres de Fer tengan paz, ellos tendrían paz si estaría Fer, pero lamentablemente nunca más va a volver a pasar. Es todo muy triste”, dice otro de los mensajes publicados en sus historias.

“Son nuestros hijos, como también lo era Fernando. Cuidémoslos”, decía otro de los mensajes publicados. “Vamos que ellos de esta van a salir”, dice otro posteo en el que se refiere al pedido de ayuda psicológica de Máximo Thomsen, al que se refieren con el apodo de “Machu”.

Muchos de los comentarios tienen un tono religioso, y se encuentran desde llamados a organizar “cadenas de oraciones” para los rugbiers hasta rezos para que los imputados se acerquen a un “pabellón cristiano” y “encuentren a Dios”, en lo que podría ser una estrategia para obtener el apoyo de sectores religiosos de la sociedad.