“Durante el primer semestre de 2020, en contexto de pandemia por Covid-19 y con Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la población alojada registró una baja de 2.230 personas (-16%)". Así lo refleja un informe realizado por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) del Ministerio Público y de la Procuración Penitenciaria Federal.
El caso más concreto y cercano es cuando tras el motín en Devoto, se dio a conocer que varios presos negociaron su salida. Ahora, se informó que son más de dos mil presos salieron de las cárceles federales desde que comenzó la pandemia del coronavirus en marzo pasado.
“Durante el primer semestre de 2020, en contexto de pandemia por Covid-19 y con Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la población alojada registró una baja de 2.230 personas (-16%)". Así lo refleja un informe realizado por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) del Ministerio Público y de la Procuración Penitenciaria Federal.
El caso más concreto y cercano es cuando tras el motín en Devoto, se dio a conocer que varios presos negociaron su salida. Ahora, se informó que son más de dos mil presos salieron de las cárceles federales desde que comenzó la pandemia del coronavirus en marzo pasado.
Un informe de Infobae da cuenta que a fines de abril, no había “sobreocupación general” en las cárceles del sistema federal. Uno de los datos claves también fue la reducción de ingresos, es decir, menos personas que quedan detenidas.
“Además, el 60 por ciento de las personas que salen, lo hacen porque se agotó su condena, es decir, porque tenían que salir”, remarcaron.
Sobre las libertades otorgadas durante la pandemia, las fuentes precisaron que a raíz del escándalo que se generó en abril pasado por el hábeas corpus colectivo para detenidos, “el 90 por ciento de los que salen es por agotamiento de la condena”, es decir que hay menos morigeraciones de penas concedidas. Otro dato: las cárceles registraron una baja menor en su población, pero las alcaidías subieron.
La Procuración Penitenciaria reconoce que “a raíz de la declaración de emergencia sanitaria por Covid-19, entre los meses de marzo y junio de 2020 se produjo un significativo descenso de la población”. De hecho, ya a fines de abril, no había “sobreocupación general” en las cárceles del sistema federal. Uno de los datos claves también fue la reducción de ingresos, es decir, menos personas que quedan detenidas.
También, informaron que la duplicación de los egresos durante la emergencia sanitaria por COVID-19 se debe, en buena parte, al notable aumento de los arrestos domiciliarios, que se multiplicaron por doce en relación al mismo período de 2019. Entre mitad de abril y mayo de 2019, hubo 62 detenidos enviados a cumplir pena en su casa; este año en el mismo período hubo 735.
Mujeres y transgénero
El informe detalló que la disminución de la población impactó fuertemente en la cantidad de personas detenidas sin condena, que se redujo en un 19,5 por ciento. La mayoría de las personas que lograron salir de prisión fueron mujeres y transgénero.
Entre los complejos en los que más impactó la reducción poblacional se encuentran el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres, el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Complejo Penitenciario Federal III de Salta.
Con la irrupción del coronavirus, los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires pidieron el 3 de abril que sean liberados todos los presos bonaerenses, tanto en cárceles como en comisarías, que sean considerados población de riesgo ante el posible ingreso del COVID-19 a los penales provinciales, tal como contó Infobae ese día. “Es inadmisible que personas que integran los grupos de riesgo en relación a la enfermedad producida por el virus COVID-19 se encuentren aún hoy privadas de su libertad en cualquier dependencia de distinta naturaleza de la Provincia de Buenos Aires”, señalaba el hábeas corpus.
El 8 de abril, el juez Víctor Violini, del Tribunal de Casación, concedió el hábeas corpus. Habló de conceder arresto domiciliario para presos por delitos leves en situación de riesgo, analizar la situación de los presos por delitos graves. También encomendaba evaluar de oficio a los que tuvieran prisión preventiva desde hacía más de dos años “considerando los intereses de las víctimas” y disponía que mandaran a domiciliaria a los que les faltaran seis meses para obtener la libertad asistida o condicional.
En riesgo
Los listados de esos presos habían sido confeccionados por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, en base a edades y patologías.
Los primeros listados indicaban 700 personas, de la cuales 400 estaban arrestadas por delitos leves, pero el número podía elevarse a 2.300 internos en situación de riesgo con registros más actualizados.
El fallo provocó gran conmoción social cuando se conocieron otras libertades y arrestos domiciliarios concedidos de manera individual, como el caso de Pedro Olmos, el hombre de 68 años que abusó de una vecina de 13 años en el cumpleaños de su nieto y que con el coronavirus volvió a vivir muy cerca de la casa de su víctima. Hubo otros casos en distintos puntos del país.
En el sistema federal, en tanto, hubo varios levantamientos en los penales, pero el caso que más repercusión tuvo fue el motín que tuvo lugar en la cárcel de Devoto. El 24 de abril, los reclusos incendiaron las celdas, colgaron colchones prendiéndose fuego y alcanzaron el techo del establecimiento. Hubo negociaciones de las que participaron el viceministro de Justicia Juan Martín Mena y jueces de la Cámara Federal de Casación. Se abrió entonces una mesa de diálogo.
