Carlos Zannini solicitó que la Corte Suprema suspenda los efectos del fallo por la coparticipación

El gobierno nacional hizo un reclamo este martes a la Corte Suprema de Justicia para que suspenda los efectos de su propio fallo. En el mismo, a través de una medida cautelar, se le ordenó al Estado Nacional entreguar el 2,95% de los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

Mediante varios escritos presentados por el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el presidente Alberto Fernández recusó a los ministros de la Corte Suprema. Asimismo, planteó la revocatoria del fallo dictado la semana pasada, con efecto suspensivo y que se deje sin efecto la resolución. La misma favoreció a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño.

En una serie de escritos, el Gobierno afirmó que “la Constitución impone en casos de trasferencia de servicios es la remisión de los recursos necesarios para 17 la atención del gasto; y no la modificación de los coeficientes de coparticipación, como prejuzgó la CSJN”.

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Además, aseguró que “la sentencia soslaya, a pesar de invocar el federalismo de concertación, que en esta última hipótesis adoptada por el Alto Tribunal, sería necesario rediscutir el régimen de coparticipación de manera general, con la intervención de todas las jurisdicciones”.

Según la Procuración, “resulta irrazonable pretender, por este concepto, que se mantenga un porcentaje de la masa coparticipable que – como sucedió desde inicios del año 2016 hasta el dictado del Decreto N° 735/2020 y la ulterior sanción de la Ley N° 27.606- excede el costo real de los servicios transferidos, generando un beneficio injustificado en favor de la jurisdicción local”.

La procuración del Tesoro hizo estas presentaciones mientras el presidente Alberto Fernández giró de su posición de desobedecer el fallo a decir que va a pagar en bonos y no en efectivo como dice la cautelar.

Por su parte, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, después de acudir a la Corte Suprema para sostener que el Ejecutivo nacional "sigue sin cumplir" el fallo dio instrucciones al Procurador General porteño, Gabriel Astarloa.

Así éste denunció este martes penalmente al presidente Alberto Fernández por el delito de desobediencia. El planteo incluye también a funcionarios del gabinete nacional. Como el pedido de revocatoria es "in extremis", Zannini desarrolló inéditos argumentos contra la idea fundamental de la Constitución de que la Corte es la última instancia del sistema judicial.

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"Más allá de la doctrina construida pretorianamente en torno de la figura de la revocatoria o reposición in extremis, y de que en el caso confluyen - como se verá seguidamente- razones que avalan de modo muy nítido la viabilidad de esa figura, cabe destacar que la 7 Ley N° 26.854 de Medidas Cautelares aplicable a los procesos en los que es parte el Estado Nacional", agregó.

Afirmó que esa ley "prevé lo siguiente en su artículo 13: “3. La providencia que suspenda los efectos de un acto estatal será recurrible por vía de reposición; también será admisible la apelación, subsidiaria o directa”.

Asimismo, el fallo "ha incurrido en una evidente arbitrariedad por falta de fundamentación o motivación suficiente", agregó la espada judicial de Cristina Kirchner.

"Ello así en tanto, como se dijo, ya anticipó que por la transferencia de servicios a la CABA le corresponde un porcentual de la coparticipación; y ni siquiera ha tratado mínimamente en este marco preliminar, la defensa central del Estado Nacional que desacredita la supuesta verosimilitud del derecho invocado por la CABA", destacó el jefe de los abogados del Estado.