El Gobierno pidió a las personas estafadas con falsos gestores de viviendas que cooperen con la justicia

Ante el reclamo de un importante grupo de personas que fueron estafadas por falsos gestores, el Gobierno los recibió a través de la secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, quien afirmó que recibirán facilidades de parte del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), pero sin tener privilegios por sobre otras personas.

“Esta reunión la hacemos porque hay un real estado de necesidad en muchas familias tucumanas y le dejamos en claro que no está directamente relacionado con sus problemas de damnificados por una estafa que plantean”, indicó Vargas Aignasse.

Los ciudadanos engañados habían presentado un petitorio de cinco puntos donde también solicitaban atención psicológica. “El Sistema Provincial de Salud (Siprosa) tiene tres servicios de atención y no hay problema de asistir a toda personas que lo necesite”, aclaró la funcionaria.

A su vez, Vargas Aignasse les aclaró que todo lo que quieran aportar a la Justicia para esclarecer el hecho lo pueden hacer, como la colaboración que está también brindando el Estado pero “esta situación (por la que vivieron) no les da derecho sobre otras familias que tienen las mismas necesidades y tampoco le vamos a proveer de casas”.

Otro de los puntos planteados tiene que ver con el pedido de asistentes sociales para los perjudicados. “No les vamos a destinar la atención de estos profesionales, ya que sólo se hará a través del IPV una vez que se anuncien las nuevas medidas, flexibilidades y planteos que podamos tener acorde a la necesidad que tenga la gente hoy”, dejó en claro la titular de Gobierno.

Por estadísticas, se estima que son 50 mil los tucumanos que carecen de viviendas, “la capacidad de respuesta del IPV está desfinanciado por Nación desde hace dos años por lo que vamos a trabajar no sólo en cuáles serán los requisitos para ser postulantes sino cómo poder incrementar la capacidad de respuesta”, remarcó.

Por último, Vargas Aignasse, les recomendó buscar abogados para que los asesoren “despojados de intereses políticos porque ellos se van a ver perjudicados con el problema real que nos convoca, como es la necesidad habitacional”.

Por su parte Manuel Liquitay uno de los damnificados, tiene esperanzas porque “el Gobierno tiene voluntad de hacer las cosas pero algunas no se pueden hacer de forma inmediata”.

“Estamos haciendo la base de partida para todos los tucumanos y tengan las mismas condiciones, la gente que tenga un sueldo mínimo y también la que tienen trabajo temporario para tener una casa digna”, cerró.