La reforma laboral que pretendía Milei fue suspendida por la Justicia

La Justicia del Trabajo emitió este martes un fallo favorable a la medida cautelar solicitada por la CGT, suspendiendo la aplicación de las normas laborales del DNU del presidente Javier Milei.

Este constituye el primer obstáculo que los tribunales imponen a las disposiciones del decreto de necesidad y urgencia 70/2023. La decisión fue tomada por los jueces de la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo, mayoritariamente compuesta por los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, quienes optaron por frenar las secciones relacionadas con las modificaciones laborales.

En desacuerdo, la jueza Dora González propuso derivar el caso a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para determinar qué fuero debe conocer el expediente, según la fiscalía.

"Se dicta una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Título IV Trabajo del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados", determinaron los jueces en respuesta a la presentación de la CGT.

"Es un hecho público y notorio que el sector de los trabajadores es socialmente vulnerable, y están en juego derechos de naturaleza alimentaria, no tengo dudas de que se encuentran configuradas las circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican el dictado de una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Título IV TRABAJO del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados", se sostuvo.

"Aunque pudiera hipotéticamente intentar justificarse en referencias genéricas a 'un hecho demostrado', lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían las que se alegan constituyan razones de 'urgencia' para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo", expresó el voto de Sudera.

Añadió: "No se explica cómo las reformas planteadas, de aplicarse inmediatamente y fuera del trámite normal de sanción de las leyes, podrían remediar la situación referida a la generación de empleo formal, máxime cuando el propio decreto reconoce que se encuentra estancada desde hace 12 años".