Piden detener a diputada de Cambiemos por presunto lavado de dinero

La Justicia de Chaco pidió detener a la diputada de Cambiemos y ex intendenta de Resistencia, Aída Ayala, por presunto lavado de dinero durante su gestión en la capital de la provincia.

El fiscal Patricio Sabadini le requirió a la jueza Zunilda Niremperger el arresto, previo desafuero, de la legisladora de Cambiemos. La investigación tiene en la mira el contrato que la municipalidad de Resistencia celebró con la empresa PIMP S.A., a cargo de la recolección de basura de esa ciudad. En rigor, Ayala es investigada por el presunto delito de "lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautor".

Ayala es diputada nacional por el bloque UCR-Cambiemos, fue secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio de Interior de la Nación y tres veces intendenta de Resistencia. “Estoy a disposición de la Justicia”, sostuvo la legisladora en un comunicado.

En el marco de la causa también se ordenó la detención de los imputados Pedro Alberto Martínez, Natalia Martinez Guarino, Rolando Javier Acuña y Luis Escobar. Ahora, la jueza deberá decidir si hace lugar al pedido del fiscal Sabadini y así requiera a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que comience el proceso de desafuero de la legisladora oficialista, en cuanto se reciba declaración indagatoria.

En su presentación, el fiscal describe una serie de maniobras a través de las cuales se conformó una red de empresas que tenía como objetivo beneficiar a la ex intendenta y "sus socios".

"En el mes de febrero del año 2014, durante la gestión de Ayala, se inicia el proceso de licitación en el que finalmente resulta adjudicataria la firma PIMP SA. Dicho proceso estuvo rodeado de evidente irregularidad, que va desde un llamado a licitación hecho a medida, hasta la adjudicación a la única oferente PIMP SA, una firma también armada a medida", describe el escrito, según repropduce TN.com.ar.

PIMP S.A. se constituyó el 30 de julio del año 2013 y obtuvo el reconocimiento del Registro Público de Comercio el 7 de marzo de 2014, es decir, siete días antes de que cierre la presentación de ofertas y apertura para contratar equipos que luego serían afectados a la recolección de residuos.

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Los socios originales de la empresa eran Fátima Jessica Rigassio y Nidia Mabel Juárez, quienes según el fiscal son, en realidad, allegadas a Daniel Alejandro Fischer, a cargo de la compañía. El hombre es, a su vez, una persona del círculo íntimo de Aída Ayala y se desempeñó como su jefe de campaña. Sabadini asegura en el escrito que "fue y sigue siendo su persona de confianza tanto en lo comercial, en lo político como en lo familiar al haber sido pareja de la hija o hijastra de la ex intendenta y por ello la necesidad de ocultarlo durante el proceso de licitación".

Lo cierto es que tiempo después, Pimp S.A. modificó su composición societaria e incorporó al paquete accionario a Eulalio Alfredo Bouza y las empresas “Sistemas de Administración y Control SA”, “TECMASA S.A” y “Logística Belgrano”. Se trata, siempre según el fiscal, de compañías que en realidad siempre fueron dueñas de PIMP S.A.

En rigor, el circuito de supuesta corrupción nació mucho antes del proceso de licitación cuando, en junio de 2013, Sampayo vendió a TECMASA un terreno de su propiedad, el cual sería ofrecido en alquiler por esta firma para que PIMP SA pueda resultar adjudicataria de la recolección de basura. Por otra parte, el informe señala que PIMP S.A. no tenía antecedentes en el rubro ni contaba con terreno ni oficinas propias.

En este sentido, TECMASA SA efectuó promesas de alquilar camiones y el terreno de calle Soberanía Nacional, que se suman al ofrecimiento de RECIFIS SRL, que también solicitó camiones a PIMP SA. Rolando Acuña es quien efectúa la promesa de alquiler, quien es al mismo tiempo apoderado de PIMP S.A. y de RECIFIS SRL.

El documento concluye que la ex intedenta efectuó un llamado a licitación a los apuros sabiendo que tendría el apoyo del Sindicato a cargo de Jacinto Sampayo, quien a través de otras personas se convirtió en socio de PIMP SA y de ella.

En el entorno de la legisladora aseguraron que "va a dar todas las respuestas correspondientes. No hay nada que ocultar. Está tranquila. Viaja esta noche o mañana a Chaco. Se va a presentar ante la Justicia y no se ampara en los fueros".

“Ante el pedido de la Fiscalía federal que deberá ser analizado por la jueza y en caso de que se me investigue, estoy a disposición de la justicia como lo he hecho siempre. No es la primera vez que me sucede, a lo largo de mi vida política atravesé situaciones similares y cómo funcionaria pública siempre me he sometido a los controles y a los requerimientos judiciales”, manifestó la imputada. (TN.com.ar; Clarín)