Bonadio procesó a un fiscal por difundir información pública

El juez federal Claudio Bonadio procesó este miércoles al fiscal Carlos Gonella, quien fuera titular de la unidad anti lavado, por supuesta violación de secreto de un expediente por narcotráfico y sobre un hombre cuya esposa es jueza. El juez federal también aplicó la misma medida al fiscal en lo penal económico Emilio Guerberoff. A ambos les trabó además un embargo de 50 mil pesos.

La causa comenzó en 2014, cuando Bonadio imputó a Gonella por haber compartido en su cuenta de Twitter @CarlosGonella un informe oficial de la página del Ministerio Público Fiscal que brindaba detalles sobre la causa de contrabando de droga “manzanas blancas”.

Como titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Gonella fue quien dirigió la investigación, que se consolidó como una de los mayores logros de la unidad fiscal contra el narcotráfico. La causa fue luego llevada por el fiscal Gueberoff.

El juez federal acusó a Gueberoff de darle acceso privilegiado al expediente a Gonella, quien lo utilizó luego para difundirlo por Twitter. Sin embargo, fue la oficina de prensa del Ministerio Público la que publicó en su portal Fiscales.gob.ar el dictamen de Gueberoff donde imputó a los acusados. Luego el ex jefe de la PROCELAC escribió un tuit donde citó esa nota pública. Esto fue interpretado por Bonadio como violación de la confidencialidad.

"Siendo ellos funcionarios públicos dentro de la esfera del Ministerio Público Fiscal es que sea dable preguntarse si no podían suponer que revelando o divulgando datos de una causa, las pruebas y mismos los encausados podrían profugarse o mínimamente deshacerse de elementos probatorios que pudieran perjudicarles. Circunstancia altamente probable dentro de una investigación donde se enrostra un delito penal de tal envergadura", reprochó Bonadio en su fallo. Y agregó que "de ahí es que deviene que los expedientes penales, no sean públicos para los que no son parte del mismo".

El magistrado de Comodoro Py debate sobre el derecho de acceso a la información pública, al que sostiene que debe limitarse. "Los fiscales de todas las dependencias podrán trabajar activamente en el objetivo de hacer conocer la labor 'siempre que con ella no se comprometa el éxito de la investigación, ni el secreto del sumario, así como tampoco se vulneren derechos de las partes'”, redactó, con la cita de una resolución de la Procuración que creyó acorde. Bonadio arguyó que el derecho de acceso a la información pública "debe ser reglamentado a fin de establecerse limitaciones frente a la colisión que puede existir con algún otro derecho que debe ser resguardado".

El artículo 154 del Código Penal reprime con prisión de un mes hasta dos años e inhabilitación especial de uno a cuatro años al funcionario que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos. El magistrado no pidió cárcel preventiva, pero junto con los procesamientos les trabó un embargo por $ 150.000 a Gonella y por $ 50.000 a Gueberoff. No obstante, Bonadio aclaró en su resolución que ninguno de los fiscales tomó decisiones contrarias a la ley o la Constitución.

Gonella había sido declarado en rebeldía por no haber asistido a declarar el 22 de diciembre de 2014. No obstante, no fue obligado a realizarlo por la fuerza pública por contar con los fueros que le corresponden a todo funcionario del Ministerio Público. Compareció recién el 14 de noviembre de 2017, una vez que culminó su ciclo al frente de la PROCELAC y volvió a una fiscalía federal de Córdoba.

Gonella también fue denunciado por supuesto encubrimiento en la causa del empresario Lázaro Báez al no haber impulsado inicialmente la investigación en su contra. Al fiscal se lo vinculó al movimiento "Justicia Legítima" y a su referente, la renunciada procuradora general Alejandra Gils Carbó, a quien se le atribuye haber estado en linea con el kirchnerismo. (Perfil; El Destape)