06/12/2018

Argentina

Diputados aprobó la reforma al Código Procesal Penal

El proyecto aprobado busca ensamblar al cuerpo normativo doce leyes aprobadas durante los últimos años por el Congreso y realza el rol de los fiscales. El ministro Garavano celebró la medida.
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El FPV votó en contra de la iniciativa.

La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma del Código Procesal Penal, sancionado en 2014 a través de la Ley 27.063, pero frenado en su implementación por un decreto del presidente Mauricio Macri a pocos días de haber asumido. El proyecto aprobado busca ensamblar al cuerpo normativo doce leyes aprobadas durante los últimos años por el Congreso y le da más preponderancia a la labor de los fiscales.

La iniciativa recibió 134 votos afirmativos, 55 negativos -del Frente para la Victoria, Red por Argentina y la izquierda- y cuatro abstenciones del bloque Unidad Justicialista. La aprobación de la normativa fue celebrada por el ministro de Justicia Germán Garavano, quien sostuvo que esto “permitirá una justicia más rápida y transparente”.

Entre las normas incorporadas se encuentran la Ley de Flagrancia; la nueva ley de Ejecución de la Pena; la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas; la Ley del Arrepentido; la Ley de Técnicas Especiales de Investigación para los delitos complejos; y la Ley de Protección de Víctimas del Delito.

También dispone implementar el sistema acusatorio en el servicio de justicia que se caracteriza por una distinción de tareas que asegura un proceso más equilibrado y diferencia claramente la función de conducir la investigación (a cargo del fiscal) de la función de juzgar (responsabilidad del juez), por lo que los fiscales asumen un rol preponderante.

El proyecto fue presentado por el senador salteño Rodolfo Urtubey (Justicialista), presidente de la bicameral encargada de controlar la implementación del Código. En dicha comisión se debatieron las modificaciones con el aporte de jueces y fiscales federales.

Durante el debate en la sesión extraordinaria de este jueves, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), destacó que “estamos cambiando un régimen inquisitivo por un régimen acusatorio”, un requisito para el ingreso de la Argentina a la OCDE.

“Necesitamos que este Código Procesal Penal entre en vigencia”, sostuvo Burgos, al explicar los alcances de la norma, y recordó que cuando Macri tomó la decisión de frenar la implementación del Código fue “porque no estaban puestas las condiciones necesarias” y “era totalmente incompleto en algunas cosas”. En cambio, dijo que con la nueva redacción “se transparenta la agilidad y la rapidez respecto a las garantías” y “comprende todos los delitos federales”.

A su vez, el jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, dijo que la reforma significa “un avance en el sistema procesal penal argentino” porque la sociedad “demanda que la justicia de una respuesta rápida y efectiva”.

Por su parte, la presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, recordó que el Código Procesal Penal se sancionó en 2014 “con mayoría automática y en un tiempo récord en dos semanas: fue a las apuradas, a las cachetadas, sin consenso”.

El kirchnerista Martín Doñate consideró que este nuevo CPP “no es más que parte de la construcción de la ingeniería judicial de persecución política”. Además criticó que se hagan reformas a un Código que está suspendido.

 “Este proyecto es original del senador Urtubey pero sabemos que viene de un acuerdo con el presidente Macri y el oficialismo en el Senado”, apuntó y opinó que la nueva norma “reduce las garantías de los ciudadanos, sin que esto implique necesariamente una mayor eficacia en la persecución del delito; evidencia una distorsión del sistema acusatorio; y hay una clara afectación al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal”.

Según la ley, “los jueces no podrán formular preguntas directas”, sin embargo sí “podrán pedir aclaraciones cuando no hayan comprendido lo expresado por el declarante”. “Ojo con esto que estamos haciendo de permitir que se formulen preguntas aclaratorias”, sostuvo Camaño, aunque garantizó su apoyo a la reforma. (Diario Popular; Conclusión)




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