Ya son 4 las personas detenidas por las amenazas de bomba a escuelas

" No puedo ir a prisión, ya que soy la única responsable del sustento económico. Yo soy quien maneja las responsabilidades diarias en mi hogar", afirmó Valeria Jiménez minutos antes de que le dictaran la medida de prisión preventiva por un período de 60 días y se le impusiera un embargo de $3.000.000. 

Esto ocurrió después de que se le acusara de intimidación pública. Jiménez admitió que la amenaza de bomba hacia una institución educativa se originó desde un teléfono registrado a su nombre y que su hijo lo utilizaba.

El 7 de agosto, alguien llamó al número de emergencia 911 para alertar sobre una bomba en el Colegio Nacional. Se activó el protocolo y más de 1.200 estudiantes fueron evacuados a la plaza Urquiza hasta que expertos confirmaron que la amenaza era falsa. 

Los directivos del colegio presentaron la denuncia correspondiente. La fiscal Mariana Rivadeneira, a cargo del caso, identificó a la dueña de la línea telefónica como Valeria Jiménez. 

Luego, utilizando la información proporcionada por la escuela, logró establecer que la acusada era madre de dos estudiantes menores de edad. Basándose en esta información, la representante del Ministerio Público la imputó por intimidación pública.

"El número de teléfono está registrado a mi nombre, pero es mi hijo mayor de 17 años quien lo usa", declaró la acusada. "Mi hijo me aseguró que no tuvo nada que ver y que fueron sus compañeros quienes realizaron las llamadas de amenaza. Compraban una tarjeta SIM, hacían la llamada y luego desechaban la tarjeta", añadió. 

En relación con el caso específico, Jiménez explicó: "ese día le pidieron prestado el teléfono para hacer la llamada y después borraron el historial". Además, detalló que identificó a los amigos a quienes acusó y mencionó sus nombres, aunque debido a su estatus de menores de edad, sus identidades permanecen confidenciales.

Las abogadas defensoras Lucía Gandur y María José Ahumada rechazaron los cargos presentados, argumentando que no había pruebas suficientes para considerar a Jiménez como la autora de la amenaza. 

"Somos plenamente conscientes de la inquietud que estos casos están generando en la sociedad, pero esto no justifica violar los derechos de las personas", enfatizaron. También presentaron evidencia para respaldar su afirmación de que Jiménez no había realizado la llamada. 

"Esto incluye una entrevista con alguien que estuvo con ella en el momento de la llamada y que puede corroborar cuál es el número que ella utiliza normalmente", añadieron.

La asistente legal Mónica Tobchan, siguiendo las instrucciones de Rivadeneira, solicitó la prisión preventiva por 60 días. Fundamentó su pedido en la necesidad de recolectar pruebas adicionales y en la posibilidad de que la imputada influya sobre los testigos, quienes en su mayoría son menores de edad. 

También pidió que se embargaran $3 millones. "Esta situación está volviéndose realmente problemática, dado que ya hemos recibido 15 casos similares en la fiscalía", comentó la fiscal acusadora.

Las defensoras rechazaron las solicitudes, argumentando que en todas las familias los menores no son titulares de las líneas. A pesar de que estos casos están causando conmoción social, sostuvieron que no se puede hacer una generalización completa. 

Una de las defensoras señaló: "Ella es la madre de una familia que se esfuerza mucho y nunca ha tenido problemas legales. El incidente ocurrió hace casi un mes y no interfirió en la investigación ni eliminó ninguna prueba. De hecho, vino caminando para asistir a la audiencia". 

Con esto, buscaron que se le otorgara arresto domiciliario. La jueza Valeria Mibelli respaldó todas las argumentaciones presentadas por el Ministerio Público. En menos de cuatro horas, Jiménez se convirtió en la segunda persona detenida, habiendo sido precedida por una joven de 18 años a quien se consideró autora del suceso.

Dos nuevos detenidos por las amenazas de bomba: una es la representante legal de un colegio

La directora legal de un colegio y un hombre han sido puestos en prisión preventiva debido a una de las varias amenazas de bomba registradas en la provincia. Esto lleva el total de detenidos a cuatro, todos los cuales también enfrentan un embargo de $3 millones por cargos de intimidación pública.

Según la denuncia presentada por la asistente Julieta Molé, bajo la supervisión de la fiscal Mariana Rivadeneira, el 1 de agosto, María Emilia Salomé, la directora legal del colegio Puente, habría acordado con Ernesto Drube enviar un correo electrónico a la dirección del colegio San Francisco para alertar sobre la presencia de una bomba. 

Esta acción resultó en la evacuación del colegio. Ambos han sido acusados de este delito ya que el mensaje fue enviado desde una dirección IP que está registrada a su nombre.

"Al momento del incidente, eran conscientes de que esto afecta a la sociedad. No se ignora el impacto en nosotros y nuestras familias. Hubo amplia difusión y una campaña de prevención sobre las consecuencias legales, lo que demuestra una falta de respeto por las leyes", declaró la acusadora. 

"Esto no fue una simple llamada; de hecho, crearon correos electrónicos falsos para llevar a cabo este acto ilícito. También es significativo que la institución educativa se encuentre en pleno centro", agregó Molé.

"UTILIZARON SU RED WIFI PARA ENVIAR EL CORREO"

Agustín Ferrari, abogado defensor de la acusada, se opuso firmemente a la presentación de cargos en su contra. "Usaron su red wifi para enviar el correo, pero eso no significa necesariamente que ellos fueran los autores. 

Todos sabemos que las redes wifi a menudo se comparten y es difícil determinar quién las está utilizando, especialmente considerando que se trata de una institución educativa", argumentó. Las defensoras oficiales Mariana Merletti y Anabella Mazza Villalba, quienes representaron a Drube, compartieron la misma opinión que su colega.

Siguiendo las indicaciones de Rivadeneira, Molé solicitó que a ambos se les imponga una prisión preventiva de dos meses. Justificó su solicitud argumentando que podrían obstaculizar la investigación e influir en el testimonio de varios testigos. También pidió un embargo de $3 millones. 

"En representación de los intereses estatales, considerando la naturaleza del bien jurídico protegido y los costos significativos en los que incurrió la Provincia debido a la implementación de protocolos de acción", explicó. Estas peticiones fueron rechazadas por los defensores. 

El juez Fernando Zóttoli aceptó parcialmente la solicitud de la representante del Ministerio Público, dictaminando la prisión preventiva para ambos, pero por 29 días. También ordenó el embargo de $3 millones.