Piden llevar a juicio oral a los testaferros de Daniel Muñoz, secretario de Néstor y Cristina Kirchner

Daniel Muñoz fue secretario de Néstor y Cristina Kirchner. Gracias a ese puesto, amasó una fortuna ilegal que se calcula superior a los 70 de millones de dólares. Para conseguirlo, se valió de una maquinaria que involucró a más de 20 personas –según la investigación- muchas de las cuales prestaron su nombre para que empresas figuraran a su nombre. Ahora, la Fiscalía solicitó la elevación a juicio de todas ellas.

Muñoz compró -a nombre de testaferros- propiedades en Estados Unidos. Cuando su nombre quedó al descubierto por la revelación de los Panama Papers, deshizo esas inversiones en Estados Unidos y llevó 30 millones de dólares para invertir en un resort en las playas de Turks and Caicos. Ese dinero puede ser decomisado y devuelto a las arcas de la Argentina.

Los que ayudaron a lavar dinero de Muñoz en el exterior ya fueron elevados a juicio oral y público. Pero antes de ser un inversor internacional, Muñoz lavó en el país parte de los fondos obtenidos gracias a ser el receptor primario de los bolsos con coimas que circularon en derredor del negocio de la obra pública durante el kirchnerismo.

Para ello necesitó armar sociedades y vincularse con algunas personas que prestaron sus nombres para que las empresas que eran de Muñoz estuvieran a nombre de otros.

Por haber ayudado a Muñoz en la estructuración de un esquema de negocios para lavar dinero de la corrupción, el juez Claudio Bonadio -fallecido en febrero pasado- había procesado a un grupo de más de veinte personas. La Cámara Federal confirmó esos procesamientos y los imputados quedaron en las puertas del juicio oral y público.

Carlos Stornelli, el fiscal del Caso Cuadernos y del expediente surgido a partir de esa investigación en el que descubrió el lavado de dinero perpetrado por la banda de Muñoz, presentó el requerimiento de elevación a juicio oral en el que pidió que el juez Marcelo Martínez De Giorgi -a cargo del juzgado que era de Bonadio- clausure la investigación.

El fiscal acusó a 26 personas de participar “en la conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria, empleada para convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, precisamente aquellos originados y receptados por Héctor Daniel Muñoz” quien era depositario inicial de los bolsos con coimas que pagaban los empresarios de obra pública a los funcionarios kirchneristas.

Entre los más conocidos de los acusados están Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz y Alejandro Manzanares, quien fuera contador de la familia Kirchner y admitió como arrepentido haber participado en sociedades para lavar dinero del ex secretario privado de los ex mandatarios.

En el listado de acusados se incluyen familiares de Muñoz y Pochetti, empresarios, agentes inmobiliarios, inversores, escribanos y abogados que formaron parte de un entramado armado para invertir dinero negro en el país.