Fallo de la Corte contra la Anses podría costar entre $70.000 y $90.000 millones
Jueves 15 de Noviembre de 2018
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anses Ampliar
La sentencia contra el organismo previsional va a definir la puja por los índices a pagarse en cinco años desde 2020.
La Corte Suprema de Justicia decidió que el próximo 18 de diciembre va a dictar sentencia respecto de un tema de importancia vital para el Gobierno, como lo es el índice de movilidad para estimar haberes al momento de jubilarse, y que tendría un costo que iría entre los $70.000 y los $90.000 millones, si es que finalmente se llega a dictaminar en contra del criterio pretendido por la Anses.
Anses plantea que debe usarse retroactivamente el indicador de la Secretaría de Trabajo de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y no guiarse por el de salarios básicos de la industria y la Construcción (Isbic), que muestra una remuneración promedio superior y se usó hasta la sanción de la Reparación Histórica.
A través de la resolución 56/18, el Poder Ejecutivo estableció que usará el Ripte, no sólo entre los que aceptaron la reparación histórica sino a los beneficios anteriores al año 2016. Desde ese punto, la Anses apeló oportunamente todas las sentencias firmes existentes sobre reajuste de haberes.
De acuerdo al Gobierno, la cantidad de juicios contra la Anses que actualmente se encuentran tramitados es de 400 mil, de los que al menos un cuarto ya cuentan con sentencia firme, mientras que a otra cuarta parte no les correspondería ninguna clase de aumento. Así las cosas, hay otros 200.000 en lista de espera por una resolución en tribunales.
La capacidad de pago de la Anses se encuentra cerca de las 40.000 sentencias al año, con unos dos años de demora en cada caso. Para 2018o se habían presupuestado cerca de $35.000 millones y para el año que viene se prevé una cifra de casi $50.000 millones. Con este marco, el impacto de un fallo favorable para los jubilados desde la Corte Suprema de Justicia tendría un impacto relativamente tardío que se daría recién en 2020 con los primeros casos, mientras que el grueso llegaría en 2021.
Adrián Tróccoli, abogado previsional, estimó recientemente que esta diferencia alcanza a unos $14.000 millones anuales a valor actual, en concepto de los haberes que habrá que reajustar y el flujo que la Anses le debe a quienes iniciaron juicio por jubilaciones mal liquidadas durante años.
De este modo, considerando el stock total de juicios y el ritmo de pago de cada una de las sentencias, insumiría casi cinco años poder cumplir con todos los litigios en danza, algo que según especialistas arroja una cifra que está entre los $70.000 millones y $90.000 millones.
"El costo anual de un fallo en contra de la Anses equivale al 0,9% del gasto en beneficios" del organismo previsional, comparó Tróccoli. Además explicó que a futuro la tasa de litigiosidad continuará reduciéndose, como ocurrió en los últimos años, ya que salvo casos aislados "no quedan jubilados que no hayan iniciado juicio o aceptado la reparación histórica".
La Corte debe tratar del caso conocido como "Blanco, Lucio Orlando c/Anses", uno de los tantos empezados por quienes se retiraron después del 2002. El planteo se da por la actualización de los haberes hasta el 2009, cuando fue sancionada la ley de Movilidad Jubilatoria.
La Corte Suprema de Justicia decidió que el próximo 18 de diciembre va a dictar sentencia respecto al índice de movilidad para estimar haberes al momento de jubilarse, y que tendría un costo que iría entre los $70.000 y los $90.000 millones, si es que finalmente se llega a dictaminar en contra del criterio pretendido por la Anses.
Anses plantea que debe usarse retroactivamente el indicador de la Secretaría de Trabajo de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y no guiarse por el de salarios básicos de la industria y la Construcción (Isbic), que muestra una remuneración promedio superior y se usó hasta la sanción de la Reparación Histórica.
A través de la resolución 56/18, el Poder Ejecutivo estableció que usará el Ripte, no sólo entre los que aceptaron la reparación histórica sino a los beneficios anteriores al año 2016. Desde ese punto, la Anses apeló oportunamente todas las sentencias firmes existentes sobre reajuste de haberes.
De acuerdo al Gobierno, la cantidad de juicios contra la Anses que actualmente se encuentran tramitados es de 400 mil, de los que al menos un cuarto ya cuentan con sentencia firme, mientras que a otra cuarta parte no les correspondería ninguna clase de aumento. Así las cosas, hay otros 200.000 en lista de espera por una resolución en tribunales.
La capacidad de pago de la Anses se encuentra cerca de las 40.000 sentencias al año, con unos dos años de demora en cada caso. Para 2018 se habían presupuestado cerca de $35.000 millones y para el año que viene se prevé una cifra de casi $50.000 millones. Con este marco, el impacto de un fallo favorable para los jubilados desde la Corte Suprema de Justicia tendría un impacto relativamente tardío que se daría recién en 2020 con los primeros casos, mientras que el grueso llegaría en 2021.
Adrián Tróccoli, abogado previsional, estimó recientemente que esta diferencia alcanza a unos $14.000 millones anuales a valor actual, en concepto de los haberes que habrá que reajustar y el flujo que la Anses le debe a quienes iniciaron juicio por jubilaciones mal liquidadas durante años.
De este modo, considerando el stock total de juicios y el ritmo de pago de cada una de las sentencias, insumiría casi cinco años poder cumplir con todos los litigios en danza, algo que según especialistas arroja una cifra que está entre los $70.000 millones y $90.000 millones.
"El costo anual de un fallo en contra de la Anses equivale al 0,9% del gasto en beneficios" del organismo previsional, comparó Tróccoli. Además explicó que a futuro la tasa de litigiosidad continuará reduciéndose, como ocurrió en los últimos años, ya que salvo casos aislados "no quedan jubilados que no hayan iniciado juicio o aceptado la reparación histórica".
La Corte debe tratar del caso conocido como "Blanco, Lucio Orlando c/Anses", uno de los tantos empezados por quienes se retiraron después del 2002. El planteo se da por la actualización de los haberes hasta el 2009, cuando fue sancionada la ley de Movilidad Jubilatoria.
