Tras la muerte de Micaela, el gobierno implementará un "registro de violadores"

En 2011, el proyecto de ley obtuvo media sanción en el Senado y en 2013 fue aprobado en Diputados. La muerte de Angeles Rawson fue el hecho que impulsó el debate en aquel entonces. Ahora, tras el asesinato de Micaela García, en Entre Ríos, el Gobierno nacional está por reglamentarlo. Se trata del registro de violadores, en el que quedará almacenada información de personas condenadas por delitos vinculados con la integridad sexual.

El borrador del decreto que reglamentará la ley de 2013 está casi listo, pero aún resta que pase por la Secretaría de Legal y Técnica para que sea revisado. El texto prevé la formación de una comisión tripartita formada por un miembro del Ministerio de Justicia, otro del Ministerio de Seguridad y uno del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Será la encargada de establecer los pasos para la puesta en marcha del registro.

El objetivo de la ley 26.879 es que el Estado obtenga una muestra de material genético de quienes hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual. De esa manera, la Justicia podrá contar con esa información cuando investigue este tipo de hechos.

Será un registro en el que se almacenará y sistematizará la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica de casos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Quedarán registradas todas las personas condenadas con sentencia firme por un crimen contra la integridad sexual.
Además de la información genética, quedarán registrados nombres y apellidos, seudónimos o sobrenombres, su fotografía actualizada su fecha y lugar del nacimiento, su nacionalidad, su número de documento de identidad y autoridad que lo expidió, su domicilio actual.
También se almacenará la información genética de autores no individualizados. Para esto se conservarán las muestras obtenidas de los cuerpos de las víctimas de estos delitos y toda evidencia biológica obtenida en el curso de una investigación. La información sólo será suministrada a miembros del Ministerio Público Fiscal, a jueces y a tribunales de todo el país en el marco de una causa en la que se investigue alguno de los delitos contra la integridad sexual. El registro no será público.