Un cantante cuartetero fue condenado a cinco años de prisión por estafas

Matías Alejandro Salas, de 33 años y líder de "Banda Dorada", fue condenado por el Tribunal en lo Criminal N°6 de San Isidro a cinco años de prisión por cuatro estafas, pese a que la fiscal había pedido 10 años. El cantante cuartetero timó al menos a 120 personas para montar una agencia de autos, que luego le alquilaba a asaltantes colombianos.

Se encuentra detenido en el Complejo 1 de Ezeiza desde 2013, pero por otra causa. Después de cumplir una pena por clonación de tarjetas de crédito, está retenido por el Tribunal Oral 10 porteño.

Salas está acusado de formar parte de una banda que desvalijó más de veinte departamentos de los barrios porteños de Caballito, Palermo y Recoleta. Los señalados de forzar puertas e ingresar son de nacionalidad colombiana. Matías, argentino, junto a Juan Carlos, su padre, están apuntados de haber recibido autos de prestadores de buena fe y alquilárselos a ladrones colombianos.

Esta investigación llegó a juicio gracias a la denuncia penal de Miguel Ángel García, de 62 años, quien trabajó de chofer de larga distancia hasta jubilarse. En 2012 entregó su camioneta Partner en "Gallery", una agencia de alquiler de autos de Pilar, a la que llegó por un aviso en el diario. Como costaba 63 mil pesos, recibiría 4.200 mensuales. Los primeros dos meses cobró en mano, del mismo modo que casi todas las víctimas de Salas.

"El día del contrato me acompañó un amigo, quien también terminó entregando su auto. Sus dos hijos se sumaron a las semanas, con un vehículo cada uno. Pero en el tercer mes nos dejó de atender el teléfono. Las veces que fui a reclamar a la agencia me encontré con varias personas en mi situación. Recuerdo a un abuelo llorando porque había comprado una camioneta con los ahorros de su vida para vivir de la renta y nunca la recuperó ni cobró los alquileres", reveló García al diario Clarín.

Según el abogado de García, se estima que hubo un total de 120 damnificados y que la gran mayoría no denunció por miedo, al enterarse que sus autos eran conducidos por ladrones colombianos.

Cuatro meses después de haber firmado el contrato, a García lo llamaron de una comisaría de Zárate para presentarse a retirar su camioneta. La habían secuestrado. Llamó a su abogado y fueron juntos. Pero la ilusión de recuperarla se esfumó.

Durante las audiencias, los damnificados contaron que lo primero que comenzó a llamarles la atención fue la cantidad de multas que llegaban a sus casas. Casi todas eran por exceso de velocidad. Hasta allí no imaginaban que esas infracciones se debían a que sus autos eran usados para delinquir y escapar de la Policía.