Acceso a la Justicia: inteligencia y empatía para enfrentar a la desigualdad

La desigualdad en nuestro país es sin duda la principal preocupación para quienes trabajamos en el Gobierno y al servicio del pueblo. Vemos que crecen el empleo y la industria, pero ese crecimiento no logra impedir la ampliación inmoral de la grieta de los ingresos y la falta de justicia distributiva, hay un crecimiento que no se está repartiendo. En este escenario, amarrado por el impacto del brutal endeudamiento externo que recibió nuestro gobierno y los efectos de la pandemia, transcurre la gestión de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asumimos una situación tremendamente difícil, pero siempre mantuvimos una misión clara: contribuir a una convivencia humana en la Argentina basada en la justicia social.

Asumimos la gestión de 92 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), distribuidos en distintas ciudades y localidades del país, apenas unas semanas antes de que el mundo se viniera abajo, en febrero de 2020. Nos encontramos con equipos profesionales incompletos, mal orientados y alejados de los conflictos territoriales y comunitarios, pero que además sufrían de condiciones laborales muy precarias. Las medidas de los primeros 90 días fueron de emergencia ante la crisis sanitaria: más de 600 operativos presenciales entre marzo y mayo de 2020 en el AMBA, más de 1000 trabajadores rurales y eventuales que pudieron regresar a sus hogares acompañados por nuestros equipos de profesionales, la recuperación de la atención telefónica destinada a Barrios Populares, la capacitación y especialización de los agentes públicos en materia de relaciones de familia, violencia de género y abuso policial en el marco de las restricciones de movilidad y de trabajo.

A partir de 2021 pudimos empezar a darle una nueva mirada a nuestra política y nos encargamos de un tema vital para el país: asistencia legal y psico social comunitaria y particular, para lograr la efectivización de derechos que están en el papel de las leyes, pero que en la realidad no se cumplían.

Tomamos el compromiso de hacer efectivos estos derechos en todo el país, desde los grandes centros urbanos y sus periferias a las realidades campesino indígenas. Logramos acercar la noción y la práctica del acceso a la justicia a las organizaciones libres del pueblo, movimientos sociales, asociaciones civiles, iglesias de todos los credos, clubes, sindicatos, escuelas y hospitales públicos a través del sistema de itinerancias permanentes. Planificamos y logramos la apertura de 15 nuevos CAJs con un criterio de distribución federal y equidad geográfica: desde el extremo norte en nuestro país, en Santa Victoria Este (Salta) hasta Ushuaia (Tierra del Fuego).

En resumen, trabajamos cada día de nuestra gestión para acercar la Justicia a la gente.

También nos comprometimos en múltiples casos públicos que necesitan de una incidencia judicial activa desde el Poder Ejecutivo nacional. Los más emblemáticos fueron el de Milagro Sala en Jujuy, María Ovando en Misiones y las mujeres mapuches presas por defender su territorio en la Patagonia. Lo hicimos porque detrás de estas mujeres, hay otras cientos de miles que todos los días ven sus derechos pisoteados. Milagro, María y las mujeres mapuches son el emblema de solo algunas de las injusticias que viven las mujeres en Argentina.

Logramos que más de 200 beneficiarios del Potenciar Trabajo se incorporen como Promotores de Acceso a la Justicia en el marco del Programa "Más Justicia en tu barrio", formándose en la educación y el trabajo para acercar derechos a sus comunidades. Incorporamos la Línea 137 como la Línea de Acceso a la Justicia, que brinda atención ante el drama social y económico que implica el incumplimiento de la cuota alimentaria, entre otras temáticas.

Esa fue una semilla que plantamos y que está empezando a florecer: trabajamos arduamente el enorme problema social de la cuota alimentaria durante todo 2023, asesorando a las madres sobre el derecho a exigir el pago de la cuota alimentaria, el patrocinio jurídico gratuito y la compensación estatal frente al abandono parental. Tomamos este tema como bandera y lo llevamos al espacio más importante de nuestra democracia: presentamos tres proyectos de ley que necesitamos que el Congreso trate con urgencia. Las madres y los hijos no pueden esperar un día más por la cuota alimentaria. Este es un tema que va a definir el futuro del país.

Quedan desafíos concretos por delante: consolidar el Patrocinio Jurídico Gratuito como un derecho garantizado por el Estado en materia de procesos civiles no patrimoniales, y la multiplicación de oficinas fijas y corredores de derechos en cada rincón donde sea necesario, son algunos de ellos.

La experiencia de estos años nos convenció de la importancia de producir reformas profundas para construir una administración pública y judicial preparadas y eficaces para resolver adecuadamente los problemas y las aspiraciones comunes de las personas que viven en nuestro país. Los derechos merecen su ejercicio pleno y un Estado inteligente y sensible entrenado para garantizarlos. De eso se trata el Acceso a la Justicia: de la intervención directa desde el ámbito público para revertir las desigualdades que sacuden y lastiman a nuestra sociedad.