José Luis Gioja pide que los funcionarios que se endeudaron con el FMI paguen con su patrimonio

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, presentó hoy un proyecto para que "los funcionarios que intervinieron" en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2018 paguen con su patrimonio en caso de perder la causa judicial por el endeudamiento que impulsa el Gobierno.

La iniciativa presentada por Gioja es un proyecto de resolución que solicita "al Poder Ejecutivo de la Nación, a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)" una "una acción de responsabilidad patrimonial" contra esos funcionarios.

En el proyecto, el diputado y titular del PJ remarcó que el reclamo de una de reparación patrimonial por parte de los funcionarios se basa en lo que prescribe la Ley de Administración Financiera y la Ley de Responsabilidad Estatal.

Además, destacó que la iniciativa se alinea con lo que anunció el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, respecto del impulso a una querella penal contra la gestión del ex presidente Mauricio Macri por el nivel de la deuda contraída con el FMI.

"Consideramos pertinente que el Estado Nacional persiga la responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en la suscripción del préstamo con el Fondo Monetario Internacional en 2018. Eso incluye, por un lado, la responsabilidad penal, aludida por el Presidente de la Nación, y, por otro, la responsabilidad patrimonial", indica el proyecto.

En este sentido, la iniciativa resalta que "el artículo 130 de la Ley de Administración Financiera (24.156) dispone que: "Toda persona física que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades sujetas a la competencia de la Auditoría General de la Nación responderá de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados".

También remarca que la Ley de Responsabilidad Estatal establece que "la actividad o inactividad de los funcionarios (...) por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen".

"La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres años", agrega la norma, razón por la cual el proyecto de Gioja reclama que la "responsabilidad patrimonial" se aplique "antes de que venza el plazo de prescripción de la causa".

El pasado lunes, el Presidente anunció que instruyó "a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores" del endeudamiento por 44 mil millones de dólares con el FMI, al que calificó como "la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra".