El "juicio a los jueces" terminó con perpetuas en Mendoza

En una sentencia sin precedentes, cuatro exmagistrados que se encontraban en el banquillo de los acusados durante el IV juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza fueron condenados a perpetua. Se trata de Otilio Roque Romano, Guillermo Max Petra Recabarren, Luis Francisco Miret y Rolando Evaristo Carrizo.

Además, hubo otras 8 condenas a la pena máxima, mientras que 4 volverán a su casa porque 3 fueron absueltos y uno recibió una pena menor y condicional. El resto de los 28 imputados recibió condenas que van de los 20 a los 5 años de prisión.

Desde las primeras horas de la mañana, en la puerta de los Tribunales Federales sobre calle España, más de mil manifestantes de organizaciones de DDHH y partidos políticos esperaron con gran expectativa el fallo final de este proceso que fue conocido como el "juicio a los jueces" o megajuicio en Mendoza, debido a que entre los acusados había cinco exmagistrados, uno de los cuales ya falleció.

En total el tribunal dictó 12 condenas a perpetua, entre las que se encuentran los jueces que fueron partícipes y actores centrales de la dictadura. Los delitos de lesa humanidad juzgados incluyen la apropiación de una menor, secuestros, torturas, delitos sexuales, desapariciones forzadas y asesinatos.

En Mendoza se vivió el final de un juicio emblemático, ya que luego de tres años de audiencias y testimonios, se lograron 12 condenas a prisión perpetua a militares, policías y jueces. La denominada “Megacausa” refiere a la acumulación de alrededor de 20 causas por delitos de lesa humanidad que se debatieron desde el 17 de febrero de 2014, en el IV Juicio de Mendoza. Allí, se dieron 215 jornadas cargadas de testimonios de sobrevivientes, abundantes pruebas y diversas intervenciones. Se trató del juicio oral más importante de la provincia y un juicio histórico para todo el país que juzgó a 28 implicados en el genocidio.

Los delitos juzgados incluyen la apropiación de una menor -la nieta restituida Celina Manrique Terrera-, secuestros, torturas, delitos sexuales, desapariciones forzadas y asesinatos contra más de 200 personas. Estos crímenes de lesa humanidad fueron perpetrados por las Fuerzas Armadas, la cúpula y subalternos de Policía mendocina, los responsables de las torturas en la Penitenciaría Provincial, y jueces que omitieron investigar los asesinatos y otros crímenes, constituyéndose en cómplice civiles del genocidio.